La política española estrena a menudo hechos históricos. Álvaro García Ortíz, el primer fiscal general del Estado de la historia judicial española que es sentado en el banquillo y el primero en ser condenado por una sentencia que llegará en algunas semanas.
Este jueves, día 27 de noviembre, podemos estar -depende del fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción Alejandro Luzón, que pide para él 24 años de cárcel y al que ganas no le faltan- ante el primer diputado del Congreso de Diputados en activo -José Luis Ábalos, exsecretario de Organización del PSOE y ahora en el grupo mixto- en ser enviado a prisión preventiva por el juez instructor de la Sala Penal del Tribunal Supremo en la causa de las mascarillas por delitos de organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.
Hemos tenido eso sí políticos presos que han adquirido el acta de diputado en prisión, como es el caso de los dirigentes independentistas. Pero diputados en ejercicio enviados a prisión preventiva, hasta ahora no.
Cuando un diputado es enviado a prisión preventiva se les suspenden, según el Reglamento del Congreso de Diputados, “sus derechos y deberes parlamentarios”. Esto significa que el diputado no ha perdido su condición -no hay sentencia-, pero siendo todavía diputado ya no puede participar en los plenos y votar.
Y tampoco puede hacer preguntas orales o registrarlas para que se le responda por escrito.
José Luis Ábalos, que se ha resistido a entregar su acta de diputado, precisamente, ha registrado una pregunta dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el que le pide que aclare la situación en el Puerto de Valencia, en la que la presidenta Mar Chao, habría cobrado unas dietas que Ábalos considera irregulares.
Este registro -extraño porque Ábalos debería saber que las autoridades porturias las nombran las comunidades autónomas- nos da una pista sobre los temores de Ábalos de que el fiscal jefe Anticorrupción Luzón solicite al juez Puente su ingreso en prisión.
Ahora bien: Ábalos es una personalidad famosa. Su rostro es conocido aquí y en el exterior. No es fácil invocar la posibilidad de que se esfume.
Es doctrina del Tribunal Constitucional que el riesgo de fuga -que puede ser muy bajo durante la instrucción- se incrementa notablemente cuando se acerca el momento del juicio oral. Cuando conoces que te están pidiendo 24 años de prisión y que el juicio se va a celebrar de aquí a pocos meses.
Por tanto, a ver cómo Luzón anuda su solicitud ante la vistilla del 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal convocada por el juez Puente, en la que el Partido Popular, como coordinador de las acusaciones populares, solicitará prisión preventiva.
La situación política está, pues, al borde de una nueva convulsión, apenas una semana más tarde de la difusión del fallo que anuncia una sentencia condenatoria del fiscal general del Estado.
El Gobierno decidió, a la luz del fallo, actuar sin pausa. Se esperaba la renuncia del fiscal general del Estado tras serle notificada la sentencia, en una o dos semanas. Pero no. El Gobierno optó por la persona que le sustituirá con la intención de anunciarlo este martes 25 de noviembre. Por ello, el García Ortíz elevó su renuncia el lunes 24.
El nombramiento de Teresa Peramato, recomendado por García Ortiz al ministro Félix Bolaños, supone la continuidad de la línea, por así decir, Dolores Delgado-Álvaro García Ortíz.
¿Había alternativa?
El Periódico ha sabido que la hubo.
“Un jurista, catedrático, abogado de prestigio y acreditado progresista, muy respaldado. El presidente lo vio bien. Pero el ministro Bolaños prefería la recomendación de Álvaro García Ortiz, es decir, Teresa Pergamato. Es una manera de mantener la guerra”, dijo una fuente conocedora de las negociaciones a este diario.
Peramato fue portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a partir de 2019; García Ortíz lo fue por dos mandatos hasta 2017. Es fiscal de sala del Supremo, la categoría más alta de la carrera, yaq aquilata 35 años de experiencia (20 más de los 15 que exige el cargo y 15 más de los 20 que ha pedido Alberto Nuñez Feijóo) y una experiencia en violencia de género.
José Luis Rodríguez Zapatero, que ha estado al tanto de las negociaciones para nombrar fiscal general del Estado, sostiene que Sánchez está fresco como una lechuga.
Eso parece. La expectativa del gobierno es que con las elecciones en Extremadura y las Navidades se abre un receso parlamentario de casi dos meses. Por tanto, una baja en la intensidad del ruido.
El Gobierno calibra cuando presentar los presupuestos, un viaje a ninguna parte.
Y veamos la agenda más completa.
A finales de diciembre enero de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictará su sentencia -vaciará de contenido las amenazas de Manuel Marchena y Pablo Llarena de elevar cuestión prejudicial al TJUE sobre la inaplicabilidad de la amnistía al delito de malversación- ; empezará en febrero de 2026 el juicio oral de David Sánchez, hermano del presidente; la concesión en marzo del recurso de amparo a Carles Puigdemont en el Tribunal Constitucional y su retorno a España; el juicio del caso Kitchen, a partir del 6 de abril de 2026 con el exministro Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, José Manuel Villarejo y los altos mandos de la policía de Mariano Rajoy, sentados en el banquillo de la Audiencia Nacional; y elecciones en Andalucía. Todo ello sin contar la posibilidad de comicios en la Comunidad Valenciana.
Felipe González suele recordarle a Sánchez que el convocó elecciones porque Jordi Pujol no le apoyó los presupuestos de 1996. Es cierto que Pujol le dejó tirado, pero no lo es menos que esa fue la guinda. Porque el bienio 1995-96 similar al que estamos viviendo: corrupción económica y política (GAL).