Día D para Almaraz. Las grandes eléctricas se mueven para prolongar la vida de la central nuclear cacereña. Iberdrola, Endesa y Naturgy, que comparten accionariado en la planta, pretenden presentar este jueves al Gobierno su solicitud formal para posponer hasta 2030 el cierre de la planta, cuyos dos reactores ahora está previsto que se desconecten en 2027 y 2028. Y a la vez las compañías trabajan para enviar también esta semana al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) la documentación para ir preparando el cierre, para cumplir con los plazos legales, que obligan a remitir la información antes del 1 de noviembre.
Las compañías quieren presentar la solicitud de prórroga antes de remitir la documentación de clausura al supervisor por una cuestión más estética que práctica. Primero pedir ampliar la autorización de funcionamiento para dejar claro su compromiso con la continuidad de la planta, y después cumplir con la obligación legal ineludible de enviar la información para el cierre al CSN (dos años antes de que tenga que cerrar el primero de los reactores de Almaraz, el 1 de noviembre de 2027).
El solapamiento temporal de ambos procedimientos, tras meses de tira y afloja entre el Gobierno y las eléctricas sobre el futuro de las nucleares y de Almaraz en concreto, anticipa que el Consejo de Seguridad Nuclear se verá forzado a trabajar de manera simultánea, y previsiblemente durante meses, tanto en el análisis del expediente de cierre de Almaraz ya en marcha como también en la nueva petición para ampliar la vida de la central, según confirman a EL PERIÓDICO varias fuentes al tanto de la situación y de las obligaciones que se desprenden de la normativa nuclear vigente.
Los accionistas de Almaraz deben aprobar en una una asamblea extraordinaria -el órgano con potestad legal para adoptar decisiones estratégicas y que se celebrará este jueves- para aprobar en ella la solicitud de ampliación de la licencia de funcionamiento de Almaraz hasta 2030. Aunque Iberdrola tiene la mayoría accionarial en Almaraz (con un 52,7%), las decisiones estratégicas han de adoptarse por unanimidad con con los socios minoritarios Endesa (36%) y Naturgy (11,3%).
Las compañías harán llegar la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen, que tendrá que analizarla y, si no hay incumplimientos evidentes, la reenviará al Consejo de Seguridad Nuclear para que estudie qué condiciones de seguridad deberían garantizar los titulares de la planta para conseguir la autorización de prolongación de la vida de la central.
“El Consejo de Seguridad Nuclear ya trabaja en el expediente preparatorio para el ceso de la central de Almaraz, y si el Gobierno le reenvía la solicitud de ampliación de los titulares de la planta, tendrá que trabajar simultáneamente en los dos escenarios hasta que haya una decisión en firme del Ministerio en uno u otro sentido”, apuntan fuentes cercanas al expediente. “Puede llegar a darse la circunstancia de que el CSN emita los dos informes, dependiendo de los plazos del Ministerio para adoptar una decisión”.
Aparcar la batalla fiscal
Las eléctricas llevan meses intentando abrir una vía de diálogo con el Gobierno para abordar una revisión del cierre de las centrales nucleares, con un calendario vigente que establece la clausura escalonada de todas las plantas entre 2027 y 2035, con Almaraz como primera desconexión. Pero ambas partes han estado manteniendo posiciones maximalistas de partida que han provocado una situación bloqueo y que las conversaciones formales no arrancaran.
Las energéticas exigían una rebaja de impuestos para pedir la ampliación de la vida de las centrales y el Ejecutivo se negaba (se niega) a estudiar una solicitud que implique trasladar costes a los consumidores o los contribuyentes. Tras meses de impasse, han sido las eléctricas las que aparentemente han cedido para poder salvar Almaraz. Pero la espera va a hacer que las tramitaciones del cierre y de la ampliación de la central cacereña vayan a solaparse.
Iberdrola y Endesa condicionaban hasta ahora la solicitud de ampliación de Almaraz a una reducción de la carga fiscal del sector, una exigencia que no planteaba Naturgy. Las compañías pretenden presentar la solicitud de retrasar el cierre de Almaraz y en principio queda pospuesta la exigencia de recorte de impuestos.
Las dueñas de la central de momento parece que se conforman con la rebaja de la tasa autonómica prometida por la Junta de Extremadura para iniciar el proceso para salvar Almaraz del cierre, y dejar para más adelante la batalla para conseguir una reforma mayor de la carga fiscal a la que están sometidas las centrales nucleares españolas. El Ejecutivo extremeño ha prometido reducir de manera progresiva la tasa regional que paga Almaraz (actualmente más de 80 millones de euros cada año) para llegar a 2029 con una rebaja del 50%. Una promesa, no obstante, que ahora queda en el aire por el adelanto electoral y la celebración de comicios autonómicos en Extremadura el próximo diciembre.
Desconfianza del Gobierno
En cualquier caso, el Ministerio para la Transición Ecológica aún no se fía y advierte de que mantiene sin cambios todas las “líneas rojas” establecidas para siquiera estudiar la petición de las eléctricas, especialmente la referente a que no implique trasladar costes extra a los clientes a través del recibo de luz o a los contribuyentes mediante reducciones de impuestos. El Ejecutivo esperará a recibir la solicitud formal de CNAT para poder confirmar que el escenario que plantea no implica contrapartidas económicas ni rebajas de impuestos.
Fue el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que el pasado mayo mostró su disposición a estudiar una ampliación de la vida de todas las centrales nucleares si lo pedían las eléctricas propietarias -aunque en Moncloa no lo vean imprescindible para el país-, pero solo si la solicitud cumplía tres condiciones previas: que se garantice la seguridad de los ciudadanos desde una perspectiva radiológica; que sea conveniente para garantizar la seguridad de suministro eléctrico; y especialmente que no suponga un mayor coste para los consumidores ni para los contribuyentes.
Unas condiciones previas que desde el Gobierno se avisa que no se moverán y que si no se cumplen no se abordará la prórroga de Almaraz ni de otras centrales nucleares. “El Gobierno ha planteado tres líneas rojas para estudiar una prórroga de cualquier central nuclear”, apuntan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen. “Hasta el momento las empresas han condicionado la petición de prórroga a una rebaja de las cargas fiscales que soportan las centrales lo que no cumpliría con las condiciones”, indican fuentes ministeriales, que apuestan por analizar la solicitud que finalmente presenten las compañías eléctricas y asegurarse de que efectivamente no incluye la propuesta de contrapartidas económicas adicionales.
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