Los sindicatos mayoritarios en el astillero de Ferrol, el Movemento Alternativo Sindical (MAS) y la CIG, han lanzado un aviso contundente a la dirección de Navantia: deben firmar cuanto antes el nuevo convenio colectivo para que sus mejoras económicas y sociales surtan efecto sin más tardanza, como ha recogido Europa Press.
La exigencia se produce tras la primera reunión de la comisión negociadora celebrada el viernes, última tras la ratificación del convenio por la plantilla. No obstante, los representantes de los trabajadores calificaron ese encuentro de «decepcionante» al no concretarse una fecha para la aplicación del nuevo articulado.
Los sindicatos alertan de que la demora en la firma implica una pérdida efectiva de beneficios que el pacto contiene, como el plus de responsabilidad, la valoración de turnos, jornadas especiales, licencias, flexibilidad o modificaciones en licencias. Todos estos derechos entrarán en vigor solo a partir de la rúbrica.
El convenio fue ratificado el 16 de octubre por la plantilla en referéndum, con un respaldo del 63,27%. Pero la dirección sostiene que no puede proceder a la firma hasta que no se autorice el aumento de la masa salarial, requisito que debe venir del Ministerio de Hacienda para empresas públicas. En su defensa, la empresa argumenta que dicho trámite es imprescindible para el incremento de costes laborales.
En su crítica, los sindicatos plantean una pregunta provocadora: «Si ya se decía que todas las partidas estaban autorizadas, ¿qué texto tiene que autorizarse ahora? ¿Sin firmar?» Además, han presentado un plan en nueve pasos para ejecutar el convenio, pero sin calendario definido, lo que los trabajadores consideran insuficiente.
Como recoge Europa Press, desde Ferrol se insiste en que «cualquier dilación supone perder dinero y derechos para los trabajadores». Por ello, los sindicatos han anunciado su intención de “acelerar los plazos” y empujar un cronograma de aplicación más beneficioso para la plantilla, sin descartar movilizaciones si no hay avances.
Cinco puntos clave
El convenio colectivo aprobado cubre el período 2022–2029 y fue fruto de meses de negociación conjunta entre la dirección y los sindicatos. Entre sus principales logros figura la revisión de la política salarial, la clasificación profesional, mejoras en condiciones de trabajo, mecanismos de rejuvenecimiento de plantilla y el establecimiento de criterios homogéneos para turnos, horarios, pluses y movilidad interna entre centros.
Desde la empresa se ha justificado que, para dar curso al convenio, es necesario tramitar las autorizaciones correspondientes ante Hacienda para garantizar que los costos del personal puedan absorberse desde los presupuestos públicos. (navantia.es)
El contexto de Navantia es clave. En plena ola de rearme nacional e internacional, la empresa pasa por un momento estratégico con proyectos de fragatas, submarinos y contratos en el extranjero, ostentando una cartera de pedidos que supera los 8.100 millones de euros. Pero también registra pérdidas operativas —Navantia fue uno de los factores detrás de la caída de resultados de SEPI en 2024— lo que aumenta la presión sobre la gestión de costes.
Tensión estructural en las negociaciones
Este episodio pone en relieve una tensión estructural de los convenios en las empresas públicas: el carácter vinculante de la autorización presupuestaria previa para nuevas plantillas o subidas salariales, establecido por la normativa de empresas públicas y la Ley de Presupuestos Generales del Estado. En el caso de Navantia, ese trámite —que muchos sindicatos ven como burocrático— se ha convertido en el cuello de botella para que los avances pactados se materialicen.
Además, el conflicto laboral en torno al convenio de Navantia se inserta en un entorno sectorial convulso: en Cádiz, la negociación del sector del metal sufre estancamientos y paros; en Cartagena, la división sindical entre UGT y CCOO ha desencadenado huelgas independientes en los astilleros del metal. Esa dinámica podría contagiarse a otros centros de Navantia si la firma no llega pronto.
La pelota está en el tejado de la dirección y del Gobierno: la firma del convenio desbloquearía derechos acumulados y reforzaría el clima laboral en momentos clave para la proyección estratégica de la empresa naval pública. Pero si la demora persiste, los sindicatos ya han dejado claro que están dispuestos a elevar la tensión.
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