“Estamos donde estábamos hace un año y medio, lo que lleva la instrucción en marcha, que ha ido mutando con el tiempo, pero al final es siempre lo mismo, que no hay nada porque no hay nada que encontrar”. El Gobierno mantiene su férrea defensa de la “inocencia” de Begoña Gómez y trata de seguir desmontando cada nuevo avance en la investigación. Los últimos, relacionados con el informe de la UCO sobre los correos de la asesora de Begoña Gómez, en los que se desprende que mantuvo informada a la Universidad Complutense de las conversaciones con distintas empresas colaboradoras en su cátedra, y el de la Intervención General del Estado (IGAE) donde se cuestiona que los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, al que Begoña Gómez recomendó, incurrieron en fraude de ley.
Sobre los correos, en los que se contabilizan un total de 121 mensajes en tres años, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, justificó que fueron mandados desde su cuenta persona de gmail. “Trasladan lo que ya sabíamos, que se ha explicado en sede judicial”, añadió en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para subrayar también que en ningún caso aparece en ellos el nombre o el membrete del Gobierno de España o del presidente del Gobierno.
Fuentes de Moncloa argumentan por su parte para negar cualquier delito de malversación que la asesora “cumplió con las tareas que tiene asignadas”. Por ello concluyen que mantienen “máxima tranquilidad” ante las informaciones conocidas este lunes.
La misma tranquilidad que manifiestan respecto a las adjudicaciones de contratos investigadas. En primer lugar, porque no se desprende del informe la participación de Begoña Gómez “en nada que tenga que ver con adjudicación de contratos”. En segundo lugar, porque sostienen que estas el procedimiento se ciñó al que está en vigor desde 2011. Asimismo, señalan que los pliegos utilizados son los mismos pliegos tipo que se aprobaron en 2018, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, referentes a las dudas por la composición de la mesa de contratación, que deberían ser con personal externo al ponderarse más los criterios subjetivos.
Desde el Ejecutivo mantienen su cruzada contra el juez Juan Carlos Peinado que instruye la causa para presagiar que “tiempo pondrá las cosas en su sitio”. Para ello, se apoyan también en que todas las parejas de los presidentes del Gobierno han tenido asesores. “Lo único que cambia es que por primera vez se conoce el nombre de la persona y en otras épocas no era solamente una persona”, ha apostillado la portavoz del Gobierno en velada referencia a Mariano Rajoy, pues no solo su esposa contaba con estos asesores, sino también su padre para sus cuidados de salud en La Moncloa.
“Cartas de apoyo”
En Moncloa también rebajan el contenido del informe remitido a la Fiscalía Europea, que ya está en manos del juez, para calificarlo sus conclusiones de observaciones. “En ningún caso implican delito alguno”, sostienen. Abundan que con el mismo procedimiento que ahora se cuestionan se han visado 1610 expedientes desde 2011, todos ellos con sus respectivas auditorías sin observarse hasta ahora anomalías o llamando la atención sobre el sistema seguido.
Sobre estos documentos, en los que se recomendaba al organismo público Red.es que adjudicara contratos a Barrabés, el informe señala expresamente que únicamente se concretaron, salvo en el caso de Microsoft, en «cartas de apoyo en las que figura una manifestación de intenciones que no obliga a nada y, por tanto, tenerlos en cuenta para puntuar las ofertas supone una adulteración de la valoración técnica, que ha beneficiado a algunos licitadores, en particular a la UTE Innvova Next S.L.U. –empresa perteneciente a Barrabés– y The Valley Digital Bussines Bussines School y ha perjudicado a otros».
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