Ginés Martin Jodar, es el ex asesor letrado móvil de Jesús María y Río Segundo, que comenzó a ser investigado por la justicia al conocerse que grababa mediante una cámara oculta en el baño de mujeres en los edificios de tribunales de las localidades mencionadas.
Tras conocerse esos hechos en marzo del 2023, renuncia a su cargo y la justicia dispone el allanamiento y secuestro de sus dispositivos móviles, donde se encuentra además material de abuso sexual infantil.
El hombre está con prisión preventiva firme desde febrero del 2024 tras resolución de la Cámara de Acusación.
La causa a cargo del fiscal del Cibercrimen, Franco Pilnik, está avanzando. La situación procesal de Jodar está más complicada, ya que enfrenta numerosos delitos:
*Tenencia de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes agravado por la presencia de menores de 13 años;
* Producción de representaciones de las partes genitales de niños, niñas y adolescentes, agravado por la presencia de menores de 13 años de edad
*Violación de domicilio (por las grabaciones en cámara oculta en el baño de mujeres).
Aproximadamente hace un mes, se le agravó la imputación con el delito de Lesiones leves y graves agravadas por mediar violencia de género (que devienen del daño psicológico ocasionado a las víctimas) y Abuso sexual simple.
“La causa está avanzada y en este momento está en el juzgado de control para resolver una oposición”, expresó el fiscal a este medio.
Todo comenzó cuando en marzo del 2023 una empleada de limpieza de Tribunales de Rio Segundo advirtió que Jodar, estaba en el baño de mujeres “agachado” con una media, donde luego se descubrió que había puesto una cámara oculta.
La cámara oculta en el baño de mujeres: violencia de género y abuso sexual simple
Las afectadas por la toma de imágenes en el baño de mujeres de Tribunales, son muchas. La mayoría son representadas por la defensora pública Ana Pagliano. En tanto la abogada Dania Villanueva representa a una de las victimas.
Para Villanueva, en dialogo con Cba24n, el caso se enmarca en un “evidente contexto de violencia de género” de tipo psicológica, sexual y simbólica, bajo las modalidades laboral y digital/telemática conforme lo indica la Ley Nacional 26.485.
“Estos hechos afectaron el derecho de las damnificadas a vivir una vida libre de violencias como mujeres, vulnerando su intimidad, honor y libertad sexual de manera directa. Para esto Jodar se valió no sólo del ámbito laboral – ya que estos hechos fueron cometidos en ejercicio de sus funciones y en ocasión de ellas— sino de la jerarquía que ostentaba en aquel momento”, expresó.
Respecto a la calificación de un delito contra la integridad sexual, sostiene: “Estamos de acuerdo. Guarda completa armonía en lo ya resuelto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba en el caso Carignano, donde se determinó que no es necesario el contacto físico directo para que se configure el delito”.
“Dicho fallo reconoce que estos delitos también pueden cometerse mediando el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Estas herramientas abren nuevas formas de criminalidad con matices particulares, pero que encuadran en conductas ya previstas en nuestro Código Penal, adaptadas a un contexto tecnológico distinto”.
“Es evidente que el imputado ha vulnerado la integridad sexual de las víctimas, quienes en ningún momento pudieron consentir los hechos. Estos actos atentan directamente contra su libertad sexual y su capacidad de decidir de manera libre y consciente”, destacó.
Por ultimo manifestó que este tipo de hechos “no constituyen una simple invasión a la privacidad: son conductas que vulneran de manera directa la libertad y la integridad sexual de las víctimas”.
“El objetivo de Jodar no era otro que observar, registrar y apropiarse de imágenes de la intimidad corporal de mujeres, en un espacio que debe ser absolutamente seguro y reservado, como lo es un baño”, concluyó.