El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) beneficia a más de 41 millones de personas en Estados Unidos. Tras la aprobación del “One Big Beautiful Bill Act”, impulsado y firmado por Donald Trump, más de 40 jurisdicciones, como Nueva York y California, estarían en riesgo de perder el presupuesto destinado para esta iniciativa.
El 4 de julio pasado, el magnate republicano firmó el “gran y hermoso proyecto de ley” (“One Big Beautiful Bill Act”), que contempla un recorte del gasto público de un millón y medio de dólares. Entre los programas sociales afectados, se encuentra el SNAP.
La medida afectará al presupuesto del año fiscal 2028 e incluye cambios en la elegibilidad y la administración de los beneficios del programa de asistencia alimentaria perteneciente al Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés).
Por lo tanto, los estados que presenten una tasa de error superior al 6% deberán asumir parte de los pagos de las prestaciones, que hasta el momento fueron financiadas al 50% por la administración federal bajo aprobación del Congreso.
La distribución se realizará de la siguiente manera:
En tanto, los expertos advirtieron que existen riesgos de que, si no se tiene la capacidad de abordar los gastos, ciertos estados podrían verse obligados a abandonar el programa.
Un análisis del Centro de Investigación de Acción Alimentaria (FRAC, por sus siglas en inglés), publicado en julio pasado, destacó el impacto de la ley de Trump en el SNAP y señaló que, desde el año fiscal 2027, la participación federal de los costos administrativos del programa bajará del 50% al 25%, por lo que los estados deberán asumir el 75%.
En ese sentido, el FRAC puntualizó que hay 44 estados en riesgo de recibir el impacto de los recortes en los programas SNAP, según los datos registrados en 2024. Los cinco principales son:
La “One Big Beautiful Bill Act” también introdujo modificaciones en el proceso de elegibilidad para el beneficio, como el criterio de que los adultos mayores de entre 55 y 64 años deban demostrar 20 horas de voluntariado a la semana, con excepciones por cuidados o médicas.
También se implementó de forma general la restricción del acceso a estos programas de ayuda a personas refugiadas o asiladas en EE.UU., mientras que autoriza únicamente a los titulares de la residencia permanente legal (green card).