Un contribuyente al que se le abre una inspección fiscal y se acredita indiciariamente que ha presentado 15 facturas falsas por 1.722.980,63 euros, ¿puede ser considerado “alguien que triunfa, próspera o le va un poquito mejor, hay que perseguirle y usar la Agencia Tributaria, que es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad”?
Sería esta la declaración que haría Isabel Díaz Ayuso -es lo que ha explicado en la Asamblea de Madrid el pasado viernes 12 de septiembre- caso de que se la citase al juicio penal de su pareja, Alberto González Amador, con la que convive en un piso y un ático, adquirido este último en parte con dinero presuntamente defraudado a Hacienda. Es decir, a todos nosotros como sostenía en 2016 la entonces portavoz adjunta del grupo del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Es decir: Díaz Ayuso.
La presidenta de la Comunidad de Madrid nunca, hasta el pasado viernes, había justificado, figurativamente, la conducta de su pareja. Desde el comienzo, inventó lo que podríamos llamar “excusas absolutorias” dentro de lo que ha llamado una persecución de todas las instituciones del Estado para castigar a su pareja por su relación con ella, a quien el sanchismo intenta destruir. Es decir: Alberto González es un inocente que paga por la actividad política de la presidenta.
Y las excusas a las que aludimos han sido sucesivamente una negación de lo que es el expediente de inspección fiscal. Según explicó, González Amador sufría una persecución política por pagar el impuesto de sociedades fuera de plazo “como tantísimos autónomos”, lo que debe sustanciarse con una multa, no con ser denunciado ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Enseguida explicó que no había defraudado 350.951,41 euros a Hacienda (ejercicios 2020 y 2021) como sostiene la Agencia Tributaria. No. Es la Agencia Tributaria quien le debe a su pareja 600.000 euros.
Incluso entró en detalles muy precisos, quizá para dar credibilidad en sus primeras declaraciones.
“No paga un impuesto en el ejercicio que tocaba. No se lo oculta a la inspección, le dice a la propia inspectora que tiene interés en pagar… Está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe«.
¿Qué veracidad tienen estas explicaciones para entender lo que ahora, ya al borde Alberto González Amador del auto de juicio oral, Díaz Ayuso nos presenta a un emprendedor, como una víctima de la persecución política del sanchismo y de la voracidad “comunista” y “bolivariana” de la Agencia Tributaria española?
En rigor, la veracidad de las afirmaciones de Díaz Ayuso es exactamente la misma que las 15 facturas para deducir los gastos de más de 2,2 millones de euros que en su inmensa mayoría González Amador y sus gestores presentaron ante la inspección fiscal y que no consiguieron acreditar. Es decir: ninguna.
Es más, qué mejor prueba que la siguiente: el asesor fiscal de la pareja de Ayuso, Carlos Neira, aconsejó a su cliente firmar un acuerdo de conformidad con la Agencia Tributaria el 2 de febrero de 2024, y envió a la Fiscalía de Madrid una comunicación en la que le pedía, previo reconocimiento, como es preceptivo, reconocer haber cometido dos delitos fiscales (ejercicios 2020 y 2021) y aceptar la pena de cuatro meses por cada uno de ellos más el pago de 520.000 euros. Al ya famoso correo del 2 de febrero de 2024 se unía una propuesta elaborada de ocho folios.
Neira, no es, como han pretendido Esperanza Aguirre y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, un fiscalista del montón. Ha sido jefe de equipo de la Oficina Técnica de la Agencia Tributaria, de Gestión Tributaria, inspector jefe en Toledo y en Castilla La Mancha. Por tanto, su asesoramiento quería decir esto: ¡Alberto te han pillado con el carrito del helado! ¡Es imposible defender estas facturas! ¡Y esto se llama dolo, es decir, engaño, simulación, fraude, ponle lo que quieras!
El origen de este presunto fraude es un pelotazo durante la pandemia. La codicia es buena. La codicia está bien. La codicia funciona. La codicia clarifica. Eso aseguraba Michael Douglas interpretando a Gordon Gecko en la película Wall Street (1987).
González Amador hace de intermediario en entre los que venden mascarillas y los que compran. Se saca 2 millones de euros en 2020.
No está mal. Pero la codicia llama.
Maxwell Cremona, su empresa, presenta, cuando ya está en pareja con Díaz Ayuso, en junio de 2021, la declaración del Impuesto de Sociedades correspondiente a 2020.
Y mete en esa declaración una factura falsa con gastos ficticios de 620.000 euros con una factura de una empresa mexicana MKE. Con esto se ahorra unos 155.000 euros en impuestos.
La Agencia Tributaria le abre una inspección al comprobar que el aumento de sus ingresos coincide con una disminución de la cuota tributaria del ejercicio de 2020. Hombre, prudencia. No. Codicia.
Con las inspectoras en casa desde mayo de 2022 presenta González Amador, en junio de 2022, la declaración sobre sus actividades en 2021. Y coloca 14 facturas en el ejercicio 2021 de 2.002.980,63 euros. Espera rebañar 195.000 euros ¡Con las inspectoras dentro!
Así, declara gastos ficticios por más de un millón de euros: una factura de 927.000 euros por una operación nunca concretada en Costa de Marfil, y otra decena de facturas por 178.000 euros con tres testaferros andaluces.
Fíjense: México, Costa de Marfil y la provincia de Sevilla, donde unos expertos en estas actividades rastrean para González Amador en el pueblo de Arahal seis empresas para emitir 13 facturas falsas por valor de 178.000 euros. Con esta jugada de 2021 se ahorra, pues, otros 195.000 euros.
El testaferro de México, Maximiliano Niederer, que vive en España, el de mayor categoría junto con otros tres falseadores, constituyen junto con González Amador el grupo que ha hecho el montaje. Los cuatro, procesados.
Esto es, pues, lo que hay. Está pendiente la apertura de juicio oral por el nuevo magistrado a cargo del juzgado de instrucción 19 de Madrid, Antonio Viejo, también el auto sobre el recurso de apelación presentado por González Amador contra su procesamiento ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Madrid.
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