Los principales acusados de la trama Púnica murciana han sido declarados culpables de haber cometido los delitos de fraude y cohecho al haber contratado de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online y han sido condenados a cuatro años de cárcel.
En concreto, el exconsejero de Industria y Turismo, Juan Carlos Ruiz; su jefe de gabinete, José Fidel Saura; la exdirectora del Instituto de Turismo, María Dolores Martínez; el secretario de la Consejería de Industria, Jesús Galindo; el empresario Alejandro de Pedro; y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, han sido condenados a un año de prisión, inhabilitación especial como autores de delito de fraude y a tres años de prisión por el delito de cohecho.
Además, el tribunal impone penas menores, de un año de cárcel, a Jesús Norberto Galindo, exsecretario general del Instituto de Turismo, y a Agustín Alonso, así como medio año a los empleados de las empresas implicadas Sara Gargallo y Francisco Javier Bueno. Asimismo, condena a siete años de inhabilitación para cargo público a Ruiz, Saura, Martínez y Galindo como responsables del delito de prevaricación administrativa.
La exdirectora del Instituto de Turismo, María Dolores Martínez, y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, también deberán ir a la cárcel
En este juicio se investigaba si el que fuera consejero de Industria y Turismo durante el mandato de Ramón Luis Valcárcel y su jefe de gabinete contrataron de manera irregular trabajos de mejora de la reputación online a través del empresario Alejandro de Pedro y el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, considerados el vínculo con los cabecillas de la trama a nivel nacional, los madrileños Francisco Granados y David Marjaliza.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso esta Redacción, indica que De Pedro y Alonso diseñaron una estrategia común de negocio basada en el ofrecimiento de servicios de reputación online y posicionamiento digital a autoridades públicas. Dichos servicios, pese a ser de índole personal de los beneficiarios de las campañas, eran costeados con fondos públicos mediante contratos simulados o sobrevalorados.
«Se aseguraban la adjudicación de contratos públicos que, en realidad, encubrían servicios reputacionales personales y servían para el pago de estos»
Se aprovechaban de sus influencias en el seno del Partido Popular para elevar su perfil político dentro del partido y, a cambio, «se aseguraban la adjudicación de contratos públicos que, bajo pretexto de la promoción de la acción pública y el interés general, en realidad, encubrían servicios reputacionales personales y servían para el pago de estos, junto con otras adjudicaciones de favor que retribuían el trabajo prestado», reza la sentencia.
Asimismo, utilizaban diversas mercantiles que controlaban directa o indirectamente, como Eico, Madiva, Mistral, Duravit & Marset Group o Linkatic, entre otras. En concreto Madiva era titular de numerosos periódicos digitales y blogs distribuidos por diversas comunidades. «Estos medios carecían de un interés periodístico real acreditado. Su utilidad era como plataformas o soportes de difusión de noticias previamente elaboradas y controladas por los acusados y cuyo objeto era servir de herramientas poder influir en el posicionamiento de noticias favorables a sus clientes mediante técnicas de manipulación y marketing de imagen en internet», explica el magistrado.
«Ruiz buscaba incrementar su visibilidad entre el electorado y, para ello, aceptó y convino ser promocionado por los acusados como el candidato idóneo» a la Presidencia de la Región
Durante el primer cuatrimestre de 2014, De Pedro y Alonso hicieron llegar sus propuestas a dos altos cargos del Ejecutivo regional: Juan Carlos Ruiz López y Pedro Antonio Sánchez —el caso de este último fue sobreseído, como el de Pilar Barreiro, exalcaldesa de Cartagena—, entonces consejero de Educación, Cultura y Universidades. A estos últimos les ofrecieron realizarles, de forma encubierta, trabajos de reputación personal, condicionando su ejecución a que Madiva resultase adjudicataria de contratos públicos licitados desde ambas consejerías. «Ambos consejeros aspiraban a ser designados como candidatos a la Presidencia de la Región de Murcia, moviéndose por intereses enfrentados», se afirma en el escrito. En este contexto, «Juan Carlos Ruiz buscaba incrementar su visibilidad entre el electorado y, para ello, aceptó y convino […] ser promocionado por los acusados, localmente y ante la dirección nacional del Partido Popular en Madrid, como el candidato idóneo», prosigue la magistrada.
Fidel Saura vio en esta propuesta una oportunidad para su propio posicionamiento político personal, en el caso de que su superior fuera finalmente candidato a la Presidencia. Saura se comprometió a sacar a licitación determinados contratos públicos desde los entes institucionales sobre los que tenía capacidad de decisión. Para ello contó con la aquiescencia y colaboración de la acusada María Dolores Martínez y con María Reyes Samper, directoras, respectivamente, del Instituto de Turismo y del Instituto de Fomento.
A juicio de los magistrados, la adjudicación en octubre de 2014 del denominado ‘Plan de Comunicación Digital del Instituto de Turismo de la Región de Murcia’ fue el resultado de «una actuación coordinada, premeditada y compartida entre responsables públicos y operadores privados» por importe de 30.000 euros. «Esta concertación se estructuró en distintos niveles, con reparto funcional de tareas, según el lugar que cada interviniente ocupaba en la Administración o en el entorno empresarial», añaden.