«Castigar el intento frustrado de ruptura (institucional) es imperativo, ya que actúa como elemento disuasorio contra el ánimo de aventuras golpistas». El fiscal general Paulo Gonet evitó las ambigüedades al tomar la palabra durante la etapa final del juicio contra Jair Bolsonaro y siete colaboradores por las acciones realizadas el 8 de enero de 2023 para desalojar del poder a Luiz Inacio Lula da Silva. «La democracia asume su defensa activa contra el intento de golpe de Estado apoyado en la violencia amenazada y practicada». Hace más de tres años se intentó imponer «una dictadura». Gonet remarcó durante la primera audiencia en la sede del Supremo Tribunal Federal (STF) que «no reprimir penalmente intentos de este tipo, como muestran los informes de hechos aquí y en el extranjero, recrudece los impulsos autoritarios y pone en peligro el modelo de vida civilizado». El alegato presagia malas noticias para el expresidente, quien el 12 de setiembre conocerá lo que los medios de prensa brasileños dan como un hecho: una condena ejemplar. Si bien el cúmulo de delitos sumaría 43 años de prisión nadie espera un castigo de esa naturaleza en un país donde la ultraderecha es una fuerza gravitante a pesar de la situación judicial que enfrenta su liderazgo, y aspira recuperar el Gobierno en los comicios de 2026.
La sede del STF en Brasilia fue rigurosamente vigilada. Sus autoridades establecieron normas estrictas para quienes asisten al juicio: no se puede abuchear ni aplaudir. Tampoco gritar o exhibir carteles. El desenlace será seguido como una serie de varios capítulos por la sociedad. Además de Bolsonaro, también son acusados el ex asistente personal del mandatario, el coronel Mauro Cid, cuya delación pactada ha permitido encauzar la investigación, Alexandre Ramagem, exjefe de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abim), el excomandante de la Armada, Almir Garnier, el exministro de Justicia, Anderson Torres, y los generales Augusto Heleno, exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa, y Walter Braga Netto, quien ocupó el mismo cargo y fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022.
Alexandre de Moraes, el juez del STF que se ha puesto al frente del histórico proceso y es odiado por el bolsonarismo, tomó la palabra antes de leer el informe que resumió todas las etapas de la investigación. Su discurso apuntó también contra la administración de Donald Trump. Estados Unidos no solo impuso aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas como un manifiesto acto de solidaridad con Bolsonaro. También sancionó a De Moraes y otros funcionarios. «Es función del Tribunal Supremo Federal juzgar con imparcialidad y aplicar la justicia a cada uno de los casos concretos, independientemente de las amenazas o coacciones, ignorando las presiones internas o externas».
El juicio contra el excapitán del Ejército y su cofradía pasó a convertirse en un punto en parte de la inesperada disputa bilateral. Washington, dijo De Moraes aunque de manera alusiva, intentó «someter el funcionamiento del tribunal al escrutinio de otro Estado extranjero». Eduardo Bolsonaro, hijo del ultraderechista, fue el articulador desde Estados Unidos de las presiones contra el Gobierno y la justicia brasileñas. «Nunca faltará el valor para repudiar a los enemigos de la soberanía nacional o la independencia del poder judicial», dijo el juez y presagió problemas para el vástago. «En el curso de esta acción penal se constató la existencia de conductas dolosas y conscientes de una verdadera organización criminal que, de una forma nunca antes vista en nuestro país, pasó a actuar de manera cobarde y traicionera con el fin de intentar coaccionar al Poder Judicial». Los integrantes del STF mostraron, sin embargo,»coraje institucional».
Al igual que Gonet, para De Moraes se intentó llevar a cabo un golpe de Estado y ese acto no puede quedar impune. «La pacificación del país depende del respeto a la Constitución, de la aplicación de las leyes y del fortalecimiento de las instituciones». No hacerlo «significa incentivar nuevos intentos de golpe de Estado».
Las armas de la defensa
La defensa de Bolsonaro intenta sostener que las conductas de su cliente no serían punibles porque los delitos que se le imputan requieren la presencia de violencia o amenaza grave, algo que no sucedió en el caso del excapitán del Ejército. Gonet intentó en su alocución desarmar el argumento. Según el fiscal general cuando el entonces presidente convocó a los comandantes de las Fuerzas Armadas para que se unieran a la aventura, cosa que solo hizo el jefe de la Marina, el golpe se puso en marcha. «Todos los personajes son responsables de los acontecimientos que se concatenan entre sí». Los abogados del ultraderechista y su cofradía se proponen insistir en que no existe ningún texto suscrito por Bolsonaro que pudiera incriminarlo. El fiscal general remarcó que no era entonces «indispensable que haya una orden firmada por el presidente» para activar las acciones contra el Gobierno de Lula. El movimiento se reveló «en los actos dedicados al propósito» golpista. La fiscalía ha acumulado pruebas que suman alrededor de 80 terabytes de los ordenadores judiciales. En esos discos están los fundamentos de la acusación. Gonet calificó de «espantoso y tenebroso» el material reunido en parte por la Policía Federal (PF).
La ultraderecha
«¿Para qué participar en esta farsa? No voy a participar en este teatro, no. Es un proceso manipulado», dijo el senador Flávio Bolsonaro sobre el comienzo de esta etapa del juicio. El líder de la oposición en el Senado, Rogério Marinho, llamó a manifestarse el 7 de septiembre, día de la Independencia, en favor de un liderazgo que sigue el proceso bajo arresto domiciliario. El pastor Silas Malafaia inició una campaña en las redes sociales bajo la consigna #Bolsonarofree. Malafaia es el único líder evangélico importante implicado directamente en la trama golpista. El pastor apareció este martes con una casaca con leyendas en favor de la amnistía del excapitán del Ejército. La ultraderecha intentará presionar en esa dirección en el Congreso. Los analistas políticos creen que esos esfuerzos chocan con un hecho incontrastable: Brasil entra en 2026 en un año electoral.
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