La defensa de Cristina Fernández le pedirá la semana que viene a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le quite la tobillera electrónica y que no tenga que pedir autorización para recibir visitas en el marco de la prisión domiciliaria que cumple en la ciudad de Buenos Aires.
Serán los abogados de la ex mandataria, Alberto Beraldi y Aru Llernovoy, quienes presentarán en el Máximo Tribunal un recurso de queja luego de que la Cámara Federal de Casación rechazara la apelación para llegar al máximo tribunal.
Sobre el uso de la tobillera electrónica, los letrados defensores señalan que no evita que una persona se fugue de su prisión domiciliaria -lo que ha ocurrido en otros casos- sino que el dispositivo alerta cuando sale del perímetro permitido. Sobre ese punto sostienen que no hay ningún riesgo respecto de Cristina Kirchner.
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Esto ya que la ex presidenta siempre estuvo a derecho en la causa, que cuando viajó al exterior regresó en el tiempo que había pedido y lo informó al tribunal, que es una persona pública por lo que en la calle no pasaría desapercibida y que tiene custodia de la Policía Federal.
Respecto del régimen de visitas. La defensa objeta que se hayan puesto límites en que algunas personas deban pedir autorización para ver a la ex mandataria porque no hay ninguna norma que obligue al Tribunal Oral a fijar esa pauta y que en la práctica ninguna persona que está detenida en su casa tiene esos límites.