Un día antes de que venciera el plazo judicial, la expresidenta Cristina Kirchner presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal N°2 solicitando la suspensión de la ejecución de sus bienes en el marco de la causa Vialidad.
La presentación de Cristina Kirchner, realizada junto a sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, busca frenar el decomiso de su patrimonio, que había sido ordenado como parte de la condena por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
La causa Vialidad investiga presuntas irregularidades en la concesión de obras viales entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El tribunal determinó que hubo maniobras de defraudación al Estado, beneficiando al empresario Lázaro Báez, quien también fue condenado junto a otros exfuncionarios como José López y Nelson Periotti.
En diciembre de 2022, el TOF 2 dictó sentencia condenatoria y fijó un decomiso inicial de $85 mil millones. Sin embargo, en julio de 2025, peritos de la Corte Suprema actualizaron ese monto a $684.990.350.139,86, equivalente a unos 537 millones de dólares, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Este monto debía ser depositado por los condenados en una cuenta judicial antes de las 9:30 del miércoles 13 de agosto. En su escrito, Cristina Kirchner impugnó la decisión del tribunal y solicitó que se deje sin efecto la ejecución de sus bienes.
Argumentó que no posee patrimonio vinculado al delito por el cual fue condenada, y que el decomiso carece de fundamento jurídico. “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende sean decomisables”, afirmó la exmandataria.
Investigación patrimonial
Además, cuestionó duramente el accionar de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes elaboraron un listado de bienes de los condenados para su posible ejecución. Según Cristina Kirchner, los fiscales “omitieron llevar a cabo una investigación patrimonial que permita probar, con el grado de certeza necesario para imponer una sanción penal, cuáles son los bienes que son encuadrables bajo la tipología prevista en el artículo 23 del Código Penal”.
La defensa también presentó un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal, solicitando la nulidad absoluta de la sentencia que actualizó el monto del decomiso. En ese recurso, se argumenta que el cálculo realizado por el tribunal es desproporcionado y que se convirtió una estimación provisoria en definitiva sin debate previo.
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