Gijón es el destino de los diez primeros menores migrantes (nueve malienses y un senegalés) que abandonan Canarias en cumplimiento de la sentencia judicial que obliga al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes para aquellos jóvenes que cuentan con protección de asilo. Según fuentes consultadas, los diez menores quedarán acogidos en las instalaciones que la ONG Accem tiene en Gijón, después de que esta entidad se encargase de buscar dónde ubicarlos en alguna de las instalaciones que tiene en España.
El traslado a Asturias de los menores fue coordinado por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, en conversaciones con el Principado, si bien la tutela de los menores continúa en manos de Canarias. El Ayuntamiento de Gijón afirmó desconocer la operación y la portavoz del PP gijonés, Ángela Pumariega, protestó por la falta de interlocución con el Consistorio: «Es inadmisible que la llegada de menores no acompañados a la ciudad no haya sido comunicada al Ayuntamiento de Gijón por los gobiernos de Pedro Sánchez y Adrián Barbón: es el colmo de la deslealtad institucional».
Asturias será, pues, el primer paso de un controvertido proceso de traslado a la Península, ante el colapso de las instalaciones canarias. En junio, el Tribunal Supremo instaba al Gobierno a tomar medidas ya para garantizar los derechos de protección de los menores. El objetivo es que se vaya derivando a otros lugares de España a unos 30 menores por semana.
El proceso comienza tras más de cuatro meses. El inicio –como ocurre con casi cualquier proceso complejo– estuvo marcado por la aparición de imprecisiones y la búsqueda de soluciones de última hora. Lo que quedó patente en tres episodios: primero, el viernes, cuando el Estado remitió in extremis la documentación necesaria para el traslado de los 10 primeros jóvenes, incompleta y sin datos clave como la fecha exacta del viaje o la identidad de los adultos que los acompañarían; segundo, el mismo viernes, cuando el Gobierno central trasladó al Ejecutivo canario que todavía no tenían los billetes de los chicos; y tercero, ayer, cuando el Ministerio de Migraciones envió una nueva solicitud de autorización al Gobierno canario porque algunas de las personas inicialmente designadas para recibir a los niños en el aeropuerto y acompañarlos al centro no eran las que se había comunicado en un primer momento.
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, denunció este lunes, en una entrevista en RNE la «falta de concreción» por parte del Estado. «Hay cierta improvisación y quizá falta de concreción. No son mercancías, son seres vivos vulnerables, por lo que requieren unos protocolos y unas garantías para que los traslados sean adecuados», afirmó el líder del Ejecutivo autonómico.
Esa supuesta improvisación y falta de coordinación fue esgrimida también por la portavoz del PP gijonés. Ángela Pumariega dio por confirmado «el caos en que se ha tornado la política migratoria nacional, repartiendo menores sin un plan claro de integración y sin una distribución equitativa entre las autonomías». Más aún, censuró la «exclusión deliberada de Cataluña o el País Vasco para no incomodar a los socios independentistas de Pedro Sánchez».
Protección internacional
La versión del Estado, en cambio, es muy distinta. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afirmó a través de la red social X que los traslados de los menores se están realizando «con rigor, compromiso y sin improvisaciones», y que el Gobierno de España «cumple» tanto con Canarias como con el mandato judicial y, sobre todo, «con estos niños y niñas» que cuentan con protección internacional. Y en esa misma línea se pronunció ayer la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, quien defendió que el proceso «no se improvisa«. «Eso hay que pactarlo, hay que acordarlo y sobre todo hay que trabajar entre quienes participamos en el mismo», apuntó.
Otros miembros del Ejecutivo canario celebraron este lunes el inicio de los traslados, pero reconocieron «estar preocupados» por la «lentitud». «Estamos hablando de algo más de mil menores en Canarias que tienen la protección internacional. Yendo a este ritmo tardaríamos muchos meses y la situación de presión y de saturación que se vive en los centros de menores migrantes sigue siendo la misma», apuntó el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil.
El primer grupo, formado por 10 menores –todos mayores de 16 años y procedentes de Mali–, salió del ‘Canarias 50’ para su traslado a recursos estatales de protección internacional en la Península, pero el plan fijado por el Estado incluye derivaciones dos veces por semana en grupos de entre 15 y 20 niños. Aunque el Gobierno autonómico, hasta este lunes, desconocía la planificación. «No hay calendario cerrado, se nos había dicho que a lo largo de esta semana probablemente saldrían otros 15», apuntó Candil, quien espera que los viajes se produzcan «semanalmente».
Cancela confirmó este lunes que la intención del Gobierno central es que el proceso sea regular y reiterativo todas las semanas. «Nos hemos comprometido a hacer dos derivaciones cada semana. Luego lo iremos adaptando y veremos si es posible hacer alguna más en función de lo que dialoguemos y acordemos en cada reunión de los martes y que se producirá con total normalidad y de manera dinámica todas las semanas», aclaró.
Tanto el ministerio como el Gobierno de Canarias trataron de mantener el destino de este primer traslado oculto para proteger a los menores y evitar posibles rechazos por parte de las comunidades autónomas que acogen los centros. El objetivo era que no se repitiese lo que ocurrió en Madrid cuando se hizo público que el Estado sopesaba llevar a los chicos a Pozuelo de Alarcón y unos días después el ayuntamiento notificó el cierre cautelar del c con la excusa de que los servicios de inspección revisaron la licencia y detectaron que se incumple.
La posición crítica de los gobiernos del PP puede explicar que el Ejecutivo central haya elegido una comunidad, la de Asturias, gobernada por el PSOE. No obstante, la gestión de las instalaciones gijonesas en las que estarán los menores corresponde a la ONG Accem y la tutela, indicaron fuentes del Gobierno asturiano, sigue en manos de Canarias.
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