Por cadena nacional, el presidente, Javier Milei, planteó que el costo fiscal de las leyes vetadas que implican la reinstauración de la “moratoria previsional, aumento salarial docente y las pensiones por discapacidad, entre otros, equivalen al 2,5% del PBI anualizado. Esto es una YPF por año”.
Si se analizan por separado, sin embargo, el capítulo jubilatorio sólo consiste en el 0,8% para un año entero de acuerdo a la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), y el Instituto Argentina Grande (IAG) estima en menos del 0,1% la moratoria. En tanto, la ley de discapacidad podría sumar un 0,5% y la mejora universitaria un 0,16%. Estos totalizarían menos del 1,6% del PBI.
En concreto, la ley sancionada para los adultos mayores prevé un aumento del 7,2% y eleva el bono de $ 70 mil a $ 110 mil. El costo fiscal de lo primero, el OPC lo ubica en el 0,2% del PBI para lo que queda del año y lo asciende al 0,41% del producto anualizado. En lo que respecta al bono, el costo lo proyecta en el 0,12% del PBI, con un costo para todo el año estimado en el 0,38%.
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Según el IAG, el costo de la restauración de la moratoria es del 0,08% por año. Un informe de Invecq del mes pasado estimaba esto en un esfuerzo del 0,2% del producto, mientras que las iniciativas vinculadas a discapacidad implicarían un gasto de 0,3% del PBI.
En cuanto a la ley de emergencia de discapacidad, “el impacto fiscal total se estima en un rango de $ 2,4 billones (0,28% del PBI) a $ 4,3 billones (0,51% del PBI)”, según la OPC.
En la visión del Gobierno, además de una explicación fiscalista, adjudican que los haberes jubilatorios durante la gestión libertaria aumentaron. En una entrevista con radio Mitre, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expresó: “con Javier las jubilaciones subieron y con Alberto Fernández las jubilaciones cayeron un 30%”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también se manifestó al respecto de las leyes que Milei vetó y salió en apoyo del Gobierno. En su staff report, publicado la semana pasada, el organismo internacional señaló que “la incertidumbre política y las presiones de gasto (externas al Gobierno) han aumentado antes de las elecciones legislativas de mitad de período de octubre”, mientras tanto, “la disciplina continua del gasto sigue siendo esencial, e implicará que la administración se resista a nuevas iniciativas de gasto sin financiación”.
“El Congreso Nacional argentino propuso y aprobó recientemente nuevas y costosas iniciativas de gasto destinadas a aumentar las prestaciones jubilatorias y por discapacidad, así como las transferencias a las provincias (por un valor aproximado del 1,5% del PIB). El presidente Milei ha declarado que vetaría estas iniciativas para preservar el ancla fiscal y las ganancias de estabilidad macroeconómica. Además, en caso de que el veto sea revocado por una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso, el Gobierno planea impugnar estas iniciativas mediante litigios judiciales. Por lo tanto, es probable que la resolución de estas iniciativas tome tiempo, posiblemente extendiéndose más allá de octubre”, agregó el texto del FMI.