La inmobiliaria de lujo Engel & Völkers deberá pagar a la Seguridad Social un total de 6,4 millones de euros por emplear durante años a 569 comerciales en Valencia como falsos autónomos. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha avalado en una reciente sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, las actuaciones de la Inspección de Trabajo, que le reclama millones de euros en cotizaciones no abonadas.
Los agentes de la autoridad laboral detectaron que la empresa, si bien tenía formalmente externalizado su servicio de vendedores, realmente era la dirección quien organizaba y delimitaba cómo los ‘autónomos’ debían repartirse las zonas de venta y fijaba sus comisiones, entre otros. Desde Engel & Völkers afirman que han recurrido ese requerimiento de 6,4 millones de euros ante el Tribunal Supremo y están a la espera de sentencia definitiva.
La Inspección de Trabajo censura así en Valencia un modelo laboral que la empresa de origen alemán y especializada en la compra y venta de viviendas de lujo mantuvo en toda España hasta 2024, según explican fuentes de la compañía. A partir de entonces y en aras de “profesionalizar” el perfil de los consultores y comerciales, pasaron a contratar directamente a dicho personal y actualmente ya no operan con autónomos, según insisten esas mismas fuentes.
Como si de ‘riders’ de alto ‘standing’ se tratase, la Inspección de Trabajo ha determinado que Engel & Völkers esquivaba sus obligaciones con el erario público mediante la figura del falso autónomo. Aunque, a diferencia de los repartidores de las plataformas digitales, los comerciales inmobiliarios obtenían ingresos sustancialmente superiores al salario mínimo interprofesional –que es lo que perciben los repartidores-.
De hecho, un grupo de comerciales valencianos impugnó frente a los tribunales la resolución de Inspección, al querer estos seguir operando como autónomos ya que ello les permitía percibir mayores ingresos, entre otros. Dichos comerciales invocaron una sentencia del TSJ de Catalunya que validó la relación mercantil, no laboral, entre los comerciales y Engel & Völkers. No obstante, el TSJ de Valencia ha validado las actuaciones de Inspección, no sin un voto contrario entre sus magistrados.
Comisiones prefijadas y jefes de equipo
Según el ‘modus operandi’ acreditado por Inspección, los comerciales inmobiliarios operaban como falsos autónomos porque apenas tenían poder de decisión en aspectos fundamentales de sus condiciones de trabajo. Operaban en zonas que la empresa previamente les asignaba y solo podían pasar a otras si se lo autorizaban, con el fin de no generar competencia interna con otros vendedores. Las comisiones las fijaba Engel & Völkers, no eran negociables y existía una estructura retributiva escalonada, controlada por la empresa, vinculada a objetivos y resultados fijados por ésta. Además, los vendedores estaban integrados en una estructura interna y repartidores por equipos con jefes de sección de la empresa encargados de los mismos, recibían formación obligatoria por parte de la compañía y evaluaciones internas, entre otros.
Engel & Völkers no solo ha tenido problemas judiciales y laborales de esta índole en España. A finales del año pasado, el diario alemán ‘Bild’ publicó que las autoridades laborales germanas habían realizado una redada en los cuarteles generales de la inmobiliaria investigando este fraude laboral. Si bien en el último año ha ido culminando una transición laboral tras la cual, en España, ya no opera con autónomos, según afirman desde la compañía.
La firma de origen alemán no es la única inspeccionada por Trabajo y existe una sensación de inquietud entre las compañías del gremio, que agrupa en toda España a unas 20.000 agencias y más de 100.000 trabajadores, según cálculos de la patronal Fadei. «Cada empresa tiene su modelo y cada inspector su criterio. Siempre han convivido comerciales autónomos y asalariados, pero en un territorio unos incurren en fraude y otros no», afirma el presidente de Fadei, Miguel Ángel Gómez Huecas. Desde la entidad afirman estar dispuestos a acatar unas instrucciones u otras y lo que critican es la inseguridad que les genera la «disparidad», según defienden, de la Inspección entre territorios.
También reclaman una mayor regulación en el mercado de agentes inmobiliarios. «Para tirar una caña en un bar se requiere un carnet de manipulador de alimentos, para vender una casa nada», se queja Gómez. Según defiende, un registro de agentes permitiría saber cuántos trabajan y en qué condiciones.
Durante los últimos años la Inspección de Trabajo, primero bajo el mandato de la socialista Magdalena Valerio y luego bajo la batuta de la actual vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha intensificado sus esfuerzos contra el empleo de falsos autónomos en los distintos sectores económicos. La cara más visible han sido los repartidores de las plataformas digitales de comida a domicilio, si bien otros gremios como la industria cárnica también han sido intervenidos por la autoridad laboral.
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