La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió “por tiempo indeterminado” la orden de la jueza Loretta Preska que exigía a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitres Burford Capital y Eton Park, en el marco del litigio por la expropiación de 2012.
La decisión frena el ultimátum de 72 horas impuesto por Preska, dejando en pausa, por ahora, las pretensiones de los fondos buitres.
Según el fallo de la Cámara, firmado por Catherine O’Hagan Wolfe, secretaria del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, se ordena una suspensión temporal de lo dictado por Preska. De acuerdo al documento traducido, la Corte de Apelaciones indica: “El Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la Orden de Transferencia del Tribunal de Distrito, en espera de la resolución de la moción de suspensión por parte de un panel de tres jueces”.
Según los plazos procesales, los fondos buitres tienen hasta el 17 de julio para oponerse, y Argentina hasta el 22 de julio para replicar. Una vez cumplidos esos plazos, la Cámara será la encargada de resolver el caso.
Por ahora, la Corte de Apelaciones otorgó una medida cautelar mientras un panel de tres jueces evalúa la solicitud de Argentina. El resultado de esa evaluación podría ratificar el fallo de la magistrada Preska, modificarlo o revocarlo. Esta última opción suspendería definitivamente la transferencia de acciones a los fondos Burford Capital y Eton Park.
¿El apoyo de Trump?
Tras conocerse la apelación, el Departamento de Justicia estadounidense, bajo la administración de Donald Trump, anunció que presentará un amicus curiae (argumento como “amigo del tribunal”) respaldando la posición argentina.
Lejos de ser una victoria o un beneficio para la soberanía argentina, este gesto responde a un interés defensivo del gobierno estadounidense. Para el oficialismo republicano, resulta peligroso sentar un precedente donde la justicia federal de EE.UU. embargue activos bajo otra jurisdicción. Actuar contra la inmunidad soberana argentina abriría una jurisprudencia riesgosa para EE.UU., ya que podría habilitar a otros países a tomar medidas similares contra sus empresas o activos en el futuro.
Contra el saqueo, YPF no se negocia
Momentáneamente, el reclamo de pago de USD 16.100 millones —representado por el 51% de las acciones de YPF— queda en pausa, a la espera de una nueva deliberación judicial.Es inaudito que la justicia de otro país pretenda decidir sobre un sector estratégico como YPF. Ni la jueza Loretta Preska ni ningún tribunal extranjero tienen autoridad para vulnerar nuestra soberanía. Además de que un fallo en contra del país, depositaría a YPF en las garras del capital extranjero.
Para defender YPF de cualquier tipo de injerencia extranjera, la única salida es la nacionalización total sin indemnización. Bajo el control de los técnicos, los trabajadores y de los usuarios. Como empresa pública irrenunciable, puede garantizarnos la soberanía energética real: lejos de fondos buitres y multinacionales que sólo buscan saquear nuestros recursos.