El PNV estornudó durante la comparecencia de Pedro Sánchez el pasado miércoles en el Congreso y el Gobierno cogió resfriado. A pesar del apoyo, condicionado y temporal, de la mayoría de investidura tras el escándalo del ‘caso Cerdán’, el Ejecutivo tomó nota de la advertencia de los nacionalistas vascos, sus “socios prioritarios”. La portavoz de la formación jeltzale, Maribel Vaquero, situó su confianza “en la UCI”, instando a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, dimitir o convocar elecciones. La reunión de la Comisión Bilateral de este martes en La Moncloa, entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales, estaba agendada antes de la amenaza, pero ha servido para aliviar en parte la congestión con el impulso a medidas pendientes del pacto de investidura. El lehendakari se ha ido con un nuevo paquete de transferencias bajo el brazo, incluido el deseado primer bloque de la Seguridad Social, y el jefe del Ejecutivo ha buscado con ello sacar de la UCI la confianza de su formación en el Gobierno.
Al menos, el jefe del Ejecutivo ha ganado tiempo hasta finales de año, cuando se celebrará la próxima comisión bilateral. «El Gobierno español tendrá la reválida antes de finalizar este año», señaló el lehendakari tras el encuentro en La Moncloa. «Reconozco voluntad política por su parte, pero es exigible un mayor liderazgo y coordinación en su Gobierno que remueva los obstáculos administrativos y las resistencias políticas que nos estamos encontrando», apuntó para exigir más celeridad «para cumplir con el calendario pactado». En todo caso, añadió que «hemos avanzado», volviendo a referirse a una suerte de prórroga al jefe del Ejecutivo: «El tiempo corre, el calendario nos interpela y el pacto obliga». Si bien evitó volver a utilizar el símil de la UCI, Pradales recetó para recuperar la confianza cumplir la palabra dada.
Desde el Ejecutivo central, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha evitado entrar a valorar el grado de confianza en la que se encuentra la relación del Gobierno con el PNV, pero señalando su pretensión de seguir trabajando para llegar a acuerdos. En privado, fuentes del Ejecutivo se mostraban más optimistas, trasladando que el lehendakari había salido satisfecho del encuentro. Frente a las críticas sobre el «desguace de la seguridad social», que no llegaron en tardar por parte del PP, Torres aseguró que «en ningún caso se rompe la caja única».
El traspaso del primer bloque de la Seguridad Social comprende las prestaciones no contributivas. Para ello se ha sellado un acuerdo político sobre el traspaso de la gestión de las prestaciones familiares. Concretamente, del subsidio especial por nacimiento en su modalidad no contributiva. Asimismo, se ha incluido en este paquete el seguro escolar. El objeto de la transferencia es la asunción de las funciones que lleva a cabo el Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuanto a la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar. Insifucientes para los nacionalistas vascos, al no haber avanzado en el subsidio por desempleo.
Además de estas transferencias, se ha consensuado el traspaso de funciones y servicios en materia de ejecución de la legislación estatal sobre Salvamento Marítimo en las aguas interiores y territoriales correspondientes a su litoral. El otro acuerdo tiene que ver con la ampliación de medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La intención para el traspaso de la Seguridad Social pasa por avanzar por fases, diferenciando las prestaciones no contributivas, el subsidio de desempleo y las prestaciones de paro, que vinculan a diferentes ministerios. En el Ejecutivo pusieron el freno a esta transferencia desde el principio de la legislatura, pero durante los últimos meses se habían producido conversaciones discretas para desencallarlo. Diálogo, discreción en las negociaciones y garantía de que “el Gobierno cumple sus acuerdos”, solían repetir desde Moncloa como respuesta a los avances en esta carpeta.
Desbloqueo de Talgo
Las dos últimas competencias trasferidas a Euskadi, el pasado mes de marzo, fueron las de permisos de trabajo a personas extranjeras y meteorología. Se sumaron a las de gestión de litoral, Cercanías, homologación de títulos extranjeros, producciones cinematográficas y las relativas a funciones y servicios de inmigración. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, hace ahora siete años, Euskadi acumula alrededor de un 60% de las competencias transferidas a las comunidades autónomas. El PNV arrancó al Ejecutivo un compromiso de investidura para cerrar todas las transferencias pendientes en el estatuto de Gernika. Este compromiso se ratificó también en el acuerdo de coalición con el PSE-EE tras las últimas autonómicas.
En el ámbito industrial, Pradales también ha logrado el desbloqueo de la operación de Talgo, con la participación de la SEPI «para hacer viable la operación del Consorcio vasco». El lehendakari ha evitado concretar los detalles, a la espera de que estos pasos se materialicen. La idea fundamental, según algunas fuentes, pasa porque la SEPI aporte, a través de un préstamo convertible en acciones, unos 75 millones de los 150 millones que estaban pendientes inicialmente. Los restantes 75 millones los aportaría el consorcio vasco.