La dirigente de PAN-BOL, Ruth Nina se encuentra en el centro de una polémica nacional tras amenazar al TSE indicando que en las próximas elecciones no se contarán votos, sino muertos. Estas declaraciones, realizadas durante un acto en el Chapare, generaron rechazo desde diversos frentes políticos y sociales.
La diputada Luisa Nayar presentó una denuncia formal contra Nina por instigación pública a delinquir. Además, acusó a la exlíder de PAN-Bol de promover el odio y atentar contra el orden democrático. Nayar pidió que el Ministerio Público y el TSE actúen de inmediato.
El cruce verbal más tenso se produjo entre Nina y Agustín Zambrana, del Comité Pro Santa Cruz. Zambrana le exigió entregarse y dijo que sería perseguida por la ley. Nina respondió con insultos y lo calificó como un “político fracasado”.
En sus palabras, Nina aseguró que no tener miedo y que representa a sectores sociales dispuestos a morir por su causa. El intercambio se volvió viral y aumentó la presión sobre las autoridades.
Nina cometió tres delitos
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Desde el Gobierno, el ministro Roberto Ríos identificó tres delitos cometidos por Nina. Mencionó instigación pública a delinquir, delitos electorales y terrorismo. Ríos pidió al Ministerio Público y al TSE que actúen de forma coordinada.
Además, señaló que estas amenazas no pueden ser toleradas en un Estado democrático. Advirtió que se debe sentar precedente para evitar futuras amenazas.
Organizaciones políticas como Comunidad Ciudadana y Súmate también se pronunciaron. El diputado Alberto Astorga tildó a Nina de “alcahuete de Evo” y pidió su aprehensión inmediata.
Según Astorga, las amenazas tienen como objetivo desestabilizar las elecciones. Por su parte, Súmate pidió que la Fiscalía actúe de oficio. Ernesto Giraldes consideró que Nina debió ser detenida hace días.
El vocal Gustavo Ávila, del TSE, también reaccionó a las amenazas. Ratificó que el proceso electoral se mantiene intacto. Pidió a las autoridades competentes hacer seguimiento de este caso.
Asimismo, aseguró que el voto está garantizado y que el 17 de agosto las urnas se abrirán con normalidad. El TSE rechazó cualquier intento de infundir miedo en la población.
Ratificó su amenaza y retó a la Justicia
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En una entrevista, Nina afirmó que no se retracta de sus palabras. Dijo que su mensaje es el reflejo del sentimiento de las organizaciones sociales. Según ella, sus declaraciones fueron malinterpretadas con fines políticos.
Además, aseguró que solo quiso expresar que el pueblo está dispuesto a luchar por sus derechos. Cuestionó que sus bases campesinas no hayan sido escuchadas por el Estado.
Nina denunció además que el TCP revirtió un amparo que le permitía participar en las elecciones. PAN-Bol fue eliminado por no alcanzar el 3% en los anteriores comicios. La exlíder cuestionó que se haya anulado su personería jurídica.
También, señaló que este hecho motivó la indignación de sus seguidores. Indicó que su alianza con Evo Morales busca restituir sus derechos políticos.
Frente a las críticas, Nina dijo que está dispuesta a ir a la cárcel si eso significa defender al pueblo. Aseguró que lo haría con honor y sin temor. Consideró que su encarcelamiento podría beneficiar a sus adversarios.
Posteriormente, Nina lanzó un reto a sus detractores políticos para que “se la jueguen” con su detención. Dijo que su causa tiene respaldo en las bases indígenas.
Piden que se arreste a Nina
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El abogado Otto Ritter, que acompañó a Nayar, explicó los fundamentos legales de la denuncia. Señaló que Nina vulneró el artículo 238 de la Ley del Régimen Electoral. Este artículo castiga la coacción y la obstaculización del proceso electoral.
Ritter advirtió que si no se actúa ahora, se abrirá la puerta a más violencia. Exigió que se aplique la ley con firmeza.
El Ministerio de Gobierno reiteró su preocupación por la escalada verbal que generan figuras como Nina. Recordaron que el país necesita paz y certidumbre en el camino electoral. El uso de discursos violentos podría desatar conflictos innecesarios.
La viceministra Gabriela Alcón llamó a la reflexión a todos los actores políticos. Dijo que el Gobierno no respalda ese tipo de amenazas.
Cívicos cruceños exigieron que Nina se entregue a la Justicia. Consideraron que su discurso configura terrorismo electoral.
Asimismo, alertaron que estas frases pueden tener consecuencias irreparables. Insistieron en que el sistema de justicia debe actuar sin demora.