El juez federal Sebastián Casanello procesó este miércoles al expresidente Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa Seguros, un expediente que investiga un esquema multimillonario de corrupción durante su mandato. La resolución de más de 400 páginas describe una “estructura criminal” que direccionaba contrataciones de seguros en organismos públicos, pagando comisiones exorbitantes a intermediarios privados, con un perjuicio económico que derivó en un embargo histórico: 14.634 millones de pesos.
Este fallo judicial golpea de lleno al exmandatario y marca un precedente inédito: nunca antes un presidente argentino en democracia había recibido un embargo de semejante magnitud por un caso de corrupción. Lo llamativo es que esa cifra no se condice en absoluto con su último patrimonio declarado en agosto de 2023, que apenas superaba los 4,5 millones de pesos en bienes registrables, junto a ingresos y créditos modestos.
La causa se originó tras una investigación de Clarín y estuvo inicialmente en manos del juez Julián Ercolini. La maniobra investigada revela que Nación Seguros pagó durante el gobierno de Fernández comisiones a intermediarios por 3.364 millones de pesos, concentradas principalmente en tres grupos vinculados al broker Héctor Martínez Sosa, amigo personal y acreedor del expresidente. Según el fallo, la empresa de Martínez Sosa pasó de facturar 151 mil pesos en comisiones en los tres años previos a la asunción de Fernández, a recibir casi 229 millones de pesos solo en 2023. Un crecimiento que, para la justicia, responde al direccionamiento de contratos desde la Casa Rosada.
Casanello apuntó directamente a Fernández como el creador de un contexto de “altísimo riesgo en materia de intereses contrapuestos” al designar en la Secretaría Privada de Presidencia a María Cantero, esposa de Martínez Sosa, quien según la investigación utilizaba su acceso privilegiado para coordinar gestiones y asegurar los negocios de su familia. “No hubo solo un pronóstico de probabilidad, sino una decisión de construir el riesgo y no imponer barrera alguna al comportamiento infiel”, sostuvo el magistrado.
El fallo describe que 40 personas participaron en la maniobra, operando entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 para desviar fondos públicos mediante contratos direccionados de seguros en organismos estatales. Además, destaca el uso de coaseguros en pólizas del ANSES y la participación de empresas como San Germán Seguros y San Cristóbal Sociedad Mutual, que percibieron más de 3.300 millones de pesos en total.
Pero el contraste más impactante es patrimonial. En su declaración jurada de agosto de 2023, Fernández consignaba un Toyota Corolla XEI Pack 2019 valuado en 4.576.000 pesos, 21.629 pesos en una caja de ahorro en pesos y 0,02 centavos de dólar en su cuenta en moneda extranjera. Declaraba además el 50% de las acciones de su exestudio jurídico Inmueble Callao SA por 84.149 pesos, un crédito a su favor en esa sociedad por 2.020.000 pesos, bienes del hogar por 329.800 pesos, un crédito con AFIP de 2.747.011 pesos y deudas con su contador Héctor Horacio Martínez Sosa por 102.240 pesos y con AFIP por 33.823 pesos. También declaraba fondos de jubilaciones por 1.398.180 pesos y, como ingresos de 2021, un total de 9.825.500 pesos.
Este patrimonio no cubre ni el 0,1% del embargo judicial dispuesto por Casanello. El juez advierte que la responsabilidad de Fernández no fue pasiva: “La prueba reveló un escenario completamente opuesto al deber de probidad: predominó la confusión de intereses y los actores que debían velar por la cosa pública aprovecharon su posición para obtener ventajas particulares”.
El expediente avanza con velocidad inusual en Comodoro Py, con testimonios, peritajes y flujos de dinero que comprometen a un exjefe de Estado que hoy, según su declaración oficial, no posee patrimonio capaz de enfrentar la multa que la justicia le impuso.
por R.N.