La Procuración del Tesoro de Argentina presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo condenatorio que obliga al Estado argentino a entregar el 51% de YPF a los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge, en el caso por la expropiación de la petrolera.
En el escrito de la defensa argentina, se hace referencia a que los demandantes Petersen/Eton y Bainbridge presentaron su oposición al pedido de suspensión de Argentina en base a una «conferencia del Gobernador (de la provincia de Buenos Aires) Axel Kicillof, quien continúa entorpeciendo y empeorando la posición argentina”.
En la argumentación del pedido de suspensión, la Procuración del Tesoro argumentó que no se trata de una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes con un fallo de US$ 16.100 millones, aún apelado, que plantea cuestiones jurídicas complejas, «sobre las cuales incluso el gobierno de Estados Unidos discrepa con la decisión del tribunal”.
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Por otra parte, la ejecución de la orden obligaría a Argentina «a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible”.
El gobierno argentina asegura que la suspensión de la sentencia no generaría daños para los demandantes, ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Sin embargo, podría afectar a terceros no involucrados —como las provincias y bonistas— y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, «por lo que mantener el statu quo favorece el interés público».
A su vez, se insistió en que la transferencia de las acciones debería realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido.
Por otro lado, se indicó que el caso presenta cuestiones legales que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.
Asimismo, remarcó que para la entrega de acciones, el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.
En respuesta al fondo Petersen/Eton Park, que citó declaraciones del gobernador Axel Kicillof, el equipo jurídico del Estado aclaró que Kicillof no forma parte del Gobierno nacional y que su opinión política no tiene incidencia en la estrategia legal de la actual administración.
Presentación por la demanda de Bainbridge
La Procuración del Tesoro también presentó un escrito relacionado con la demanda de Bainbridge por bonos en default de 2001, que la jueza Preska también ordenó pagar con acciones de YPF.
En este caso, la defensa argentina también consideró que entregar las acciones violaría la ley argentina, así como que se podría revertir el fallo en la apelación, ya que no existen precedentes que avalen ejecutar bienes de un Estado extranjero para transferirlos a otro país.
Por otra parte, la suspensión no generaría perjuicio concreto para el fondo demandante y permitiría un proceso más ordenado para tratar cuestiones legales aún no resueltas.
LM/ff