El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado este martes 12,5 millones de euros para financiar acciones formativas dirigidas a demandantes de empleo del Sexpe, “son 4,4 millones más que en la convocatoria anterior”, ha destacado la portavoz del Ejecutivo extremeño, Victoria Bazaga. El programa de oferta preferente de formación profesional de 2025 contará con 319 acciones formativas en las que tomarán parte 4.785 personas desempleadas. Son cursos destinados a la obtención de certificados profesionales y especialidades formativas de distintas familias profesionales, según ha puntualizado la portavoz de la Junta.
En concreto, habrá 83 especialidades presenciales y cuatro en modalidad de teleformación, ha expuesto Bazaga, que ha destacado como novedad, “debido a la demanda de convocatorias anteriores”, que se aumenta la formación a distancia en dos familias profesionales más: actividades auxiliares de almacén y de vigilancia de seguridad.
El objetivo de esta medida “es mejorar la cualificación” de los demandantes de empleo, y “responder a las necesidades del mercado de trabajo y así favorecer la inserción laboral”, re remarcado.
Necesidades formativas
Esta resolución busca cubrir las necesidades formativas detectadas en los itinerarios personalizados de inserción, en las ofertas de empleo y en los informes de prospección del Observatorio para la innovación y la prospectiva del mercado de trabajo, en el ámbito extremeño.
La selección del alumnado se llevará a cabo por el personal técnico del Servicio Extremeño Público de Empleo encargado del seguimiento de las acciones formativas, con la colaboración de los centros y entidades de formación, entre personas trabajadoras que cumplan los requisitos para participar en dichas acciones, de acuerdo con el baremo y/o pruebas que se establezcan.
Prioridades
De acuerdo con las previsiones contenidas en la orden de 27 de marzo de 2023, se establecen las siguientes prioridades de participación: personas trabajadoras que se encuentren en situación de suspensión de contrato o de reducción de jornada como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo de los referidos en el Real Decreto Ley 30/2020, de 29 de septiembre; mujeres; personas menores de 30 años; personas con discapacidad; personas afectadas y víctimas del terrorismo y de la violencia de género; personas desempleadas de larga duración; personas mayores de 45 años; y personas en riesgo de exclusión social.