Tras la citación por el Tribunal Supremo de quien hasta el pasado jueves era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunta implicación en una organización criminal de cobro de comisiones ilegales, el presidente del Gobierno anunció una auditoría externa para analizar las cuentas del partido. La medida puede entenderse como una estrategia cosmética frente a la difícil situación creada y difícilmente llegará a frenar daños de cara a la investigación penal que lleva a cabo el magistrado Leopoldo Puente, según diferentes expertos consultados.
La decisión se adoptó en un escenario en el que, de cumplirse lo anunciado con la renuncia de Cerdán a su escaño, lo que podría producirse este lunes, el alto tribunal no tendrá trabas para investigarle y podrá acordar las diligencias que procedan sin tener que pedir suplicatorio al Congreso. Ello incluye posibles entradas y registros que tocan de cerca al partido al tratarse de actividades delictivas presuntamente cometidas por su secretario de Organización, el hombre con mayor responsabilidad de la formación cuando su secretario general está volcado en la Presidencia del Gobierno, como es el caso de Pedro Sánchez.
Si Cerdán renuncia a su escaño perderá su aforamiento, pero el Supremo mantendrá previsiblemente la investigación sobre sus actividades al estar relacionadas directamente con las del todavía diputado del Grupo Mixto y exministro José Luis Ábalos, al igual que mantiene imputados a otros responsables de la presunta trama delictiva como son el que fuera asesor ministerial Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.
Nuevas diligencias de la UCO
Por ello, desde las acusaciones populares ya se está apuntando la posibilidad de instar al alto tribunal a dar un paso más e imputar al PSOE como partido, y se está a la espera de conocer las nuevas diligencias que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda solicitar una vez analice todo lo incautado en los registros del pasado martes tanto en el domicilio de Ábalos como en diferentes empresas implicadas.
En algunos sectores de ámbito jurídico el anuncio de una auditoría en el PSOE, además de una medida de cara a sus electores, se entiende como una posible estrategia para poner un cortafuegos entre el partido y sus posibles garbanzos negros, algo muy complicado al ser presuntamente uno de ellos el ‘número dos’ de la formación, según los indicios presentados por los investigadores.
«Está en riesgo la persona jurídica», señala a EL PERIÓDICO María de la Torre, socia y cofundadora de Governance & Compliance Abogados, que afirma llevar «años predicando en el desierto» con todos los partidos, que no parecen tomarse en serio que la ley les obliga a adoptar medidas de control previas contra la corrupción que sean lo suficientemente robustas.
El PSOE, en riesgo de imputación
Para esta experta, si la auditoría se ha pensado para preservar a la persona jurídica de cara a una posible imputación no servirá de mucho, ya que el artículo 31 bis 2 del Código Penal solo contempla que la organización quede exenta de responsabilidad si su órgano de administración ha adoptado medidas de vigilancia y control «antes» de la comisión del delito.
«Nunca puedes evitar que una persona cometa un delito en una organización, pero sí debes evitar un descontrol de tal tamaño que permita cometer esos delitos«, agrega, para apuntar que según lo que se ha podido conocer del informe policial, en este caso se percibe una presunta organización delictiva, en la que unos reportaban a otros, pedían favores que otros recibían etc., con una finalidad muy diferente a la que debía tener la formación política.
«Culpa in eligiendo e in vigilando»
«Lo más grave es la penetración, muchas personas implicadas a unos niveles muy altos, una deslealtad a la persona jurídica que implica al propio secretario de Organización» agrega la experta, que alude igualmente a la culpa in eligendo (culpa en la elección) y la culpa in vigilando (culpa en la vigilancia), conceptos jurídicos que se refieren a la responsabilidad por los actos de un tercero.
Otros expertos consultados coinciden al señalar que una auditoría no es un Plan de Compliance, porque «el muerto está ya sobre la mesa», aunque se busque ahora atenuar las consecuencias.
Citan además el precedente de la pieza del caso Villarejo que ha sentado en el banquillo, aún en espera de juicio, a una organización de la importancia y complejidad del BBVA. La entidad también encargó un forensic para analizar lo ocurrido por la contratación del comisario jubilado para la realización de diversos encargos, un análisis que se utilizó para argumentar, sin éxito, que de los hechos investigados no se podía derivar responsabilidad alguna para el BBVA. Finalmente, el banco como tal será juzgado por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios en la Audiencia Nacional.
Por otro lado, otros juristas analizan ya las posibles responsabilidades en las que podría incurrir el PSOE como persona jurídica en el caso de que el Tribunal Supremo optara por esta vía de investigación. Lo hace el abogado y fiscal en excedencia Juan Antonio Frago en su canal de Youtube En ocasiones veo reos, en el que analiza la posible aplicación al PSOE de los artículos del Código Penal que fijan los delitos de las personas jurídicas.
En este punto, alude a que la reforma de la Ley de Partidos Políticos establece la posibilidad de que las formaciones puedan ser imputadas como tales. Según el letrado, en este asunto existen dos personas, como son Ábalos y Cerdán que ostentaban un papel muy elevado dentro de la organización y podrían haber incurrido en graves delitos de corrupción, como cohecho y organización criminal que también puede cometer la persona jurídica. La norma contempla incluso que se puedan adoptar medidas cautelares.
Cuando en una organización se investigan delitos de esta magnitud, «lo normal es que se detenga hasta el apuntador y luego Dios reconocerá a los suyos», señala Frago, es decir, cuando se analice la fortaleza de la acusación se verá quien quedará dentro o fuera del juicio oral. «Hay mucho partido por delante», agrega teniendo en cuenta el «poder jurídico notorio» que pueda tener la Abogacía del Estado y la Fiscalía en este asunto.
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