En una nueva derrota judicial para el Estado argentino, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó este lunes que la Argentina deberá transferir el 51% de las acciones de YPF a una cuenta de custodia como parte del cumplimiento del fallo que la condena a pagar 16.100 millones de dólares por la expropiación de la petrolera en 2012.
La orden establece un plazo de 14 días y fue impulsada por los fondos litigantes Petersen, Eton Park y Burford Capital.
El fallo representa no sólo un enorme golpe económico, sino un recordatorio de las consecuencias que dejó la desastrosa gestión de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Una deuda de más de 40.000 millones de dólares
Durante su paso por la gestión nacional, Kicillof acumuló una serie de decisiones que, según estimaciones oficiales y judiciales, suman una factura que supera los 40 mil millones de dólares, un monto que aún pesan sobre la economía del país y todos los argentinos.
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La más emblemática fue la expropiación de YPF, donde el entonces ministro se negó a respetar los estatutos de la empresa y afirmó ante el Congreso que sería Repsol quien debía compensar a la Argentina. Finalmente, el país terminó pagando 5.000 millones de dólares por el 51% de las acciones.
En paralelo, su estrategia frente a los fondos buitre ante el juez Thomas Griesa en Nueva York fue considerada por muchos como intransigente y contraproducente. La negativa a llegar a un acuerdo derivó en una condena que triplicó el monto original de la deuda, generando una obligación de 12.627 millones de dólares.
Otra carga pesada fue la renegociación con el Club de París, donde Argentina aceptó pagar sin objeción 3.633 millones de dólares en intereses punitorios, sobre una deuda original de 4.955 millones. El resultado fue una suma total de 8.588 millones de dólares.
La causa por el cupón PBI, por su parte, ya acumula un pasivo estimado de 1.500 millones de dólares por un fallo adverso en Reino Unido, donde se cuestionó el cambio de metodología de cálculo adoptado durante su gestión para evitar el pago de bonos ligados al crecimiento.
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Ya como gobernador de la provincia de Buenos Aires, su política de renegociación de deuda también generó consecuencias negativas: los pagos previstos en los primeros 10 años pasaron de 3.860 millones a 6.624 millones de dólares, según cifras oficiales.
El fallo de hoy en Estados Unidos vuelve a poner a Kicillof en el centro del debate sobre los costos de una política económica marcada por los caprichos ideológicos, la improvisación y la inutilidad.
Mientras el Gobierno de Javier Milei busca apelar la medida y evitar la ejecución de los activos de YPF, los pasivos acumulados durante la era Kicillof siguen condicionando la agenda económica y jurídica de la Argentina.
La suma total de errores, juicios y negociaciones fallidas supera los 40 mil millones de dólares, una cifra que compromete seriamente las finanzas nacionales y continúa hipotecando el futuro del país.