Este proyecto de Ley N° 71/25 que impulsa el gobierno de Torres es un claro salto en la arbitrariedad y reforzamiento del poder de persecución penal que, en manos de la fiscalía, tendrá como destinatarias a las organizaciones populares y no al crimen organizado. Es claro que será utilizado para perseguir a activistas, pueblos originarios y a todos aquellos que se organicen contra este gobierno de ajuste.
El concepto principal de este proyecto repite la resolución publicada este martes 17 de junio en el Boletín Oficial donde Patricia Bullrich autoriza a la Policía Federal a realizar ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial.
El nuevo proyecto pretende regular cómo se investiga la cibercriminalidad y otros delitos complejos con herramientas tecnológicas. Se trata del proyecto de Ley N° 71/25. Se presentó el 30/5 y todavía no fue tratado en comisión de Asuntos Constitucionales en la Legislatura.
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El proyecto de ley, entre otras cosas, le otorgan mayores posibilidades para hacer inteligencia contra la oposición y le dan mayor discrecionalidad contra quienes deseen reclamar en las calles. Esto llega luego del fallo judicial que proscribe a Cristina Kirchner. Es necesario enfrentar esta avanzada autoritaria, con una lucha masiva.
Este proyecto del gobernador Torres no llegan en cualquier momento: se dan en el marco de un crecimiento de los conflictos entre trabajadores y sectores populares como puede observarse en las últimas semanas. Pero también apenas unos días después de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, en un fallo claramente proscriptivo. Un fallo que, como se ve, es la antesala a mayores restricciones a las libertades democráticas y ataques al conjunto de los sectores populares, buscando imponer los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional y el imperialismo.
Es necesario desarrollar un paro general y un verdadero plan de lucha para tirar abajo esta avanzada represiva que busca imponer el gobierno libertario de la mano de Patricia Bullrich.