Luciana Torres tenía 35 años, dos hijos pequeños de siete y diez años, y muchas razones para vivir. El lunes 30 de diciembre de 2024 fue hallada sin vida en el baño de su departamento, en el centro de Santiago del Estero. La escena, a primera vista, sugería un suicidio: una cuerda en el cuello, su cuerpo en cuclillas, el gancho del toallero como punto de sujeción. Luciana no solo no tenía motivos para quitarse la vida –ni había dado señales de ello– sino que las horas posteriores a su muerte destaparon una historia desconocida para su familia: era víctima de violencia de género, pero por temor o pudor había decidido maquillar u ocultar los golpes que había recibido en las últimas semanas.
Su hermana Mónica fue quien inició el camino de reconstrucción de los hechos, una búsqueda atravesada por el dolor, la desconfianza y la necesidad de saber qué pasó. “A mi hermana la encontraron sin vida el lunes 30 de diciembre. Ella tenía que buscar a sus hijos en la casa de mi hermano y no llegó. Cuando entran al departamento, mi cuñado queda en la puerta y mi hermano la encuentra en el baño, con una soga al cuello sujeta al gancho del toallero. Estaba como en cuclillas. Cuando intenta sacarla, la soga ni siquiera estaba tensa y salta el gancho. Fue a las diez de la mañana. Desde ahí, todo lo que vino fue una sucesión de negligencias”, cuenta a PERFIL.
Lo primero que llamó la atención de la familia fue la ausencia de la fiscal de turno, quien no se presentó en la escena. Más tarde, cuando se realizó la primera autopsia, el informe hablaba de asfixia mixta, manual y con lazo. Sin embargo, nada cambió en el expediente judicial porque la Justicia ratificó la hipótesis de un suicidio. La familia, por su parte, empezó a recibir mensajes de amigos y conocidos de Luciana. Lo que no sabían en vida, empezó a salir a la luz.
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“Mi hermana nunca nos contó que sufría violencia. Después de su muerte empezaron a llegar mensajes de amigos y conocidos diciendo que ella estaba con un psicópata violento, que sufría violencia de género. Incluso nos contaron que se maquillaba los golpes o se tapaba con la ropa. No sabíamos nada. Ella fue una actriz de su propio dolor”, dice Mónica.
Luciana había tenido una relación reciente con un hombre que, luego se supo, ya contaba con antecedentes. Sus exparejas habían pedido perimetrales por episodios de hostigamiento y violencia. Una de ellas incluso tuvo que renovar esa medida porque el acoso nunca se había detenido. Según la familia, hay similitudes entre lo que vivió esa mujer y lo que terminó atravesando Luciana. “Si leés lo que ella vivió y lo comparás con lo que vivió Luciana, es como una réplica. Pero la Justicia acá en Santiago lo está protegiendo.”
Con esos indicios, la familia pidió una reautopsia. El nuevo informe forense reveló fisuras en las costillas, hematomas previos y ADN masculino en las uñas de Luciana. Esa información no estaba en el informe inicial. A pesar de los nuevos hallazgos, la Justicia no recaratuló el caso. Primero se habló de abandono de persona, y luego, nuevamente, se volvió a instalar la figura de suicidio. “En esa nueva autopsia aparecieron golpes, fisuras en costillas, cosas que no estaban en el primer informe. También se encontró ADN de este chico en las uñas de mi hermana. Aun así, lo imputan por abandono de persona primero, y después cambian la carátula por un supuesto suicidio. Es una burla”, cuestiona la hermana de la víctima.
La lista de irregularidades que denuncia la familia no se agota en la falta de intervención temprana ni en las grietas que presenta la hipótesis inicial del suicidio. Denuncian demoras en el análisis de los teléfonos y dispositivos secuestrados en el domicilio, los cuales –según ellos– aún no fueron revisados, pese a que llevan meses en poder del Ministerio Público. “Hay muchas cosas que no se investigaron: audios, videos, mensajes, información que la policía tiene retenida desde hace meses. Encontraron celulares, tablets, y aún no se revisó nada. Nos dicen que están en Córdoba, que no tienen la clave. Pero mientras tanto, el único imputado anda libre.”
Además, señalan que el expediente fue sometido a secreto de sumario durante más de dos meses, que hubo cambios de fiscales sin explicaciones claras, y que el acceso de la familia y su representación legal a las actuaciones fue bloqueado en reiteradas ocasiones. “Nos están boicoteando. Cada vez que vamos a la fiscalía nos dicen que la fiscal no está, que está de licencia o que no pueden darnos acceso al expediente. Cambiaron de fiscales, mantuvieron el secreto de sumario por más de dos meses y no nos dan respuestas. Nos obligan a salir a la calle, a marchar, a pedir ayuda en los medios nacionales”, cuenta Mónica.
El comportamiento del entorno de Luciana también dejó dudas. Según la hermana de Luciana, el exnovio jamás se presentó en el velorio ni en ninguna instancia familiar tras la muerte. En cambio, comenzó a difundir en redes sociales videos y audios de Luciana. Una actitud que, para la familia, fue tan ofensiva como sintomática. “La Justicia de Santiago está dejando mucho que desear. Nos hacen sentir que están tapando cosas desde el primer minuto. Esta persona que era pareja de Luciana, ni siquiera se acercó al velorio. Lo único que hizo fue esconderse y después empezar a subir videos y audios en redes como si nada”.
Cada viernes, desde enero, los familiares y amigos de Luciana organizan marchas en el centro de la ciudad. Piden que cambien la calificación penal de la causa, que se escuchen los testimonios y que se analicen las pruebas que ya están en poder del Ministerio Público. “Esta causa la quieren cerrar como suicidio, pero no lo vamos a permitir. No vamos a aceptar que digan eso cuando hay pruebas, testimonios, ADN, todo. No estamos pudiendo hacer el duelo. Es como que cada vez que vamos a pedir justicia, nos cierran otra puerta”.
“Alguien impide que la verdad salga a la luz”
L.N.
Seis meses después de la muerte de Luciana Torres, la familia sigue sin poder acceder al expediente completo ni obtener una explicación que justifique la demora en las pericias más básicas. Los teléfonos de la víctima y de su expareja fueron secuestrados, pero los análisis aún no se completaron. La reautopsia reveló golpes y ADN masculino, pero la carátula no cambió.
El Ministerio Público de Santiago del Estero impuso secreto de sumario durante más de dos meses, cambió de fiscal sin argumentación clara y negó acceso a pruebas. Para los familiares, el accionar de la Justicia local evidencia una falta de voluntad para investigar lo ocurrido con objetividad.
“No es solo nuestro dolor, es la certeza de que alguien está impidiendo que la verdad salga a la luz”, resume Mónica Torres. En las calles, los viernes, el reclamo es el mismo desde hace medio año: “Justicia por Luciana”.