“Como pan, tortillas, alguna feta de fiambre, y una vez a la semana achuras. Tomo mate, pero la yerba la hago secar y la vuelvo a usar”. El testimonio, anónimo, pertenece a una persona de 64 años y fue publicado en un informe sobre la situación de las personas mayores LGBT elaborado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos. El resultado corresponde a una encuesta realizada durante el primer semestre de 2024 en la Casa Caracol para vejeces LGBTIQ+, en Tucumán.
Cuando se habla de jubilaciones y del impacto del fin de las moratorias los análisis se centran en la realidad de hombres y mujeres cisgénero –que se identifican con el género asignado al nacer– y son escasas las estadísticas que se ocupan de otras realidades. El documento, elaborado por Familias Diversas Tucumán, La Grupa Trans, Crisálida Biblioteca y Les Warmi, es uno de los que ofrecen datos más recientes sobre las vejeces LGBT y el acceso que tienen a pensiones, alimentación, salud y diferentes servicios que hacen a la calidad de vida.
Entre otras cosas, el estudio señala que solamente el 4% de las personas encuestadas cuenta con una jubilación. Las demás no pudieron acceder a un empleo formal registrado, por lo que tampoco tienen los aportes necesarios para jubilarse. “Los trabajos que les generan ingresos no son constantes y la paga es poca. Saben que, donde trabajen, se les pagará menos que a otras personas”, afirman.
De esta situación se deriva que el 93% sobrevive con ayuda de “grupos de apoyo, familias elegidas, sociedad civil, vecinos que aportan alimentos”, aunque se destaca también que esa asistencia no es regular ni sostenida.
El documento afirma también que “sólo el 6,7% no necesitó ayuda externa para poder alimentarse” y que la mayoría tuvo que restringir la compra de alimentos y productos de primera necesidad. “Las personas mayores LGBT expresaron sentimientos de desolación frente al panorama general y dijeron sentirse ‘una carga’, ya que sus grupos de apoyo, familias elegidas o amistades hacían grandes esfuerzos para sobrellevar este contexto de crisis”.
Por otra parte, reporta que el 84% de las personas tienen una comida completa una vez al día. En la mayoría de los casos el horario de esa comida es al mediodía, “que es cuando pueden ir a la casa de alguien conocido, de sus apoyos o a alguna ONG o grupo como merenderos o comedores”. Aun así, “se cocina lo justo y muchas veces se quedan con hambre”.
Otro dato importante que surge del estudio es que aumentó, en esta población, el consumo de productos ultraprocesados. “Las personas mayores LGBT consultadas debieron reducir la compra de lácteos, verduras, frutas y carnes por el incremento desmedido de precios y la depreciación del poder adquisitivo”, lo que llevó también a “tener una dieta basada únicamente en harinas”.
La situación podría empeorar no solamente con el fin de las moratorias sino también con las crecientes dificultades del acceso al empleo de las personas de este colectivo. Desde Contratá Trans, en una nota sobre el tema, señalaron que, a la par de la reducción del empleo estatal (en donde se estima fueron más de 150 las personas travesti trans y no binarias despedidas durante 2024), también asistimos a un desfinanciamiento de las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) al interior de las empresas. “De esta forma, se reducen las oportunidades de empleo formal para mujeres, personas trans y otros grupos históricamente vulnerados. A su vez, la eliminación de estos programas limita la creación de espacios seguros hacia el interior de estas empresas”, y también afecta la productividad: “Las empresas diversas tienen un 39% más de probabilidades de superar a sus competidores y obtener mejores resultados”.
Excusándose en el clima de época, señala el análisis, muchas compañías catalogan a las políticas de inclusión como una forma de “discriminación inversa”. Se trata, destacan, en cambio, de una reparación histórica, de “una herramienta para corregir desigualdades acumuladas”.
La ley 27.636, que establece un cupo laboral del 1% en el sector público –y que nunca llegó a cumplirse– contempla, en palabras de la coordinadora del programa Contratá Trans, dos aspectos fundamentales: por un lado, el hecho de no considerar antecedentes policiales en las contrataciones, “ya que muchas personas trans mayores tienen causas judiciales derivadas de los edictos policiales que criminalizaron su existencia hasta el año 2000”. Por el otro, “garantizar la terminalidad educativa, permitiendo que quienes no hayan finalizado sus estudios puedan hacerlo y capacitarse para acceder a mejores oportunidades laborales”.