Un veterano digital español, «El Confidencial», ha destapado un escándalo de primer orden que vincula al partido del Gobierno con una operación clandestina para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO), órgano clave de la Policía Judicial de la Guardia Civil, responsable de investigar y perseguir las formas más graves de delincuencia y crimen organizado.
El objetivo es nítido: neutralizar a una unidad que, precisamente por ser eficaz, resulta incómoda. En el fondo del ataque late una vieja incomodidad: la que provocan las instituciones independientes. Y es que cuando estas son fuertes, los ciudadanos están seguros.
Esta sucesión de desatinos ha convertido a la UCO en la némesis del Gobierno y retrata al sanchismo como paciente crónico de una corrupción sistémica.
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Los frentes se le acumulan a un Gobierno que paga favores personales con beneficios judiciales: fraude de los ERE, el golpe en Cataluña, la derogación de la sedición, la rebaja de la malversación, una amnistía a medida…
Cuando dijo aquello de «voy a por todas» ¿a qué se refería? ¿A eliminar cualquier posibilidad de alternancia política? ¿A llevar el clientelismo al límite que permita la deuda pública?
Para no perder el poder, el presidente con menor respaldo en las urnas desde la Transición, lo ha convertido en una obsesión, y utiliza los inmensos recursos del Estado sin más límite que la Justicia.
Esta vez, tras declarar la guerra a las derechas, a los jueces, al Parlamento, a los medios desafectos, a los empresarios díscolos, a los operadores privados… su próvido Estado Mayor ha elegido quizá la peor de las vías.
Si hay un Cuerpo que goza de prestigio, admiración y apoyo social en España es la Guardia Civil, una de las instituciones más respetadas por los ciudadanos.
La UCO no se toca. / LNE
Durante décadas –columna vertebral del orden democrático, de la seguridad pública y, en no pocas ocasiones, de la propia continuidad del Estado– ha estado donde más duele: bajo el plomo de ETA, frente a las redes del narco en el Sur, desenterrando corrupción con guantes quirúrgicos.
Y dentro del Instituto Armado destaca una unidad de élite, creada bajo un gobierno socialista en 1987, que ha investigado a políticos, empresarios y redes corruptas sin mirar colores. Su profesionalidad y resultados en la lucha contra el crimen son reconocidos dentro y fuera.
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Militante sin nómina, «una de los nuestros», «so to speak» periodista, exdirectora en Correos, imprudente en redes sociales con los gerifaltes, no se andaba con chiquitas y lo hacía con ambición: se ofrecía para intermediar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, prometiendo protección judicial, indultos y ventajas fiscales.
Alardeaba de acabar con la «Camorra de la Guardia Civil«. A cambio de información sensible sobre los «elementos subversivos» del Cuerpo, pretendía neutralizar las causas judiciales más comprometidas para el mando.
Ni corta ni perezosa, lo explica sin ambages: «Los de arriba en el Gobierno necesitan pruebas objetivas para poder atacar a la UCO».
Dado que los beneficios fiscales y judiciales no los otorga cualquiera, las preguntas no tardan en aflorar: ¿en nombre de quién actúa? ¿a quién sirve?
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Desde la difusión de los audios –por el único que no ha cometido delito, el periodista– se ha impuesto un silencio tan espeso como revelador: del presidente, de la Fiscalía, de la directora general del Cuerpo (licenciada en periodismo, con 82.000 efectivos a sus órdenes), y de un ministro del Interior apenas audible en su defensa de la UCO.
En medio del vendaval, extendido como un virus ¿qué ha ocurrido hasta ahora? Una conspiración preparatoria para delinquir: intenciones que todavía no se han materializado y que solo se castigan cuando el Código Penal lo prevé expresamente.
No es momento aún de exigir responsabilidades penales, pero la judicialización ya está en marcha. La respuesta podría ser: no me hable usted de actos procesales, no necesito probar nada, ni siquiera su vinculación orgánica con esta mujer. Lo único que desearía es que ese audio diera lugar a una interpelación parlamentaria, una rueda de prensa, la caída de algún responsable…
Bien haría, como principal señalado, el jefe del departamento de Delitos Económicos de la UCO, invocando ante el fiscal general del Estado el artículo 215 del Código Penal: «Las calumnias, injurias a funcionarios públicos por hechos concernientes al ejercicio de su cargo, son perseguibles de oficio por el fiscal».
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La UCO no se toca porque es uno de los pilares más respetados por los españoles. Su historia está escrita con sangre y servicio. Hoy, como corazón operativo en la lucha contra la corrupción, atacarla es minar la columna vertebral del Estado de Derecho.