Tres acusados se enfrentan a un total de 15 años de prisión y a multas que suman 13.200 euros en la localidad de Peñarroya (Córdoba) por, supuestamente, adquirir vehículos robados para venderlos como siniestrados rehabilitados, y también por estafar a la aseguradora, presuntamente, fingiendo accidentes de tráfico.
Así se recoge en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, que indica que los coches afectados fueron robados en la Comunidad de Madrid. Esta acusación indica que dos de los procesados compraron 14 vehículos. Nueve de ellos eran sustraídos y el resto, fundamentalmente, siniestrados. Además, adquirieron piezas de 11 coches robados.
Estos dos encartados, supuestamente, compraron coches robados para colocar en ellos los datos identificativos de otros vehículos siniestrados, de la misma marca e igual modelo, que registraban a nombre de familiares y allegados. El objetivo era vender los coches robados como si fueran los accidentados rehabilitados, o bien vender piezas de vehículos robados.
Para ello, borraban de los coches robados el número de bastidor y la placa de modelo, e insertaban en ellos los datos identificativos de los vehículos siniestrados y las matrículas de estos. El Fiscal señala que en el desarrollo de esta actividad utilizaban una nave localizada en un polígono industrial de Peñarroya, que era propiedad de la madre de los acusados y de la pareja de uno de ellos. Allí escondían los vehículos para su manipulación hasta que estaban en condiciones de ser usados.
Estafa al seguro
De otra parte, señala que uno de estos encartados, en connivencia con un tercer acusado, simuló supuestamente hasta siete siniestros de tráfico en los años 2015 y 2016, aportando facturas falsas emitidas por este último procesado como propietario de un taller. La aseguradora abonó a este tercer acusado 6.712 euros.
La acusación pública sostiene que los hechos constituyen un delito continuado de receptación; un delito continuado de falsedad en documento público y una estafa en concurso con una falsedad en documento mercantil. Por ello, solicita que se impongan al principal acusado un total de siete años y medio de prisión, y multas que suman 6.600 euros; también cinco años de cárcel y una multa de 3.600 euros para un acusado de receptación y falsedad, y dos años y medio de cárcel y una multa de 3.000 euros para el procesado por estafa.
En la misma línea, los encartados tendrán que indemnizar a ocho perjudicados por los robos de coches (otro afectado recuperó finalmente su vehículo) y a la compañía aseguradora estafada.