De no mediar ninguna sorpresa, este lunes comienza en los Tribunales Federales de Córdoba el juicio por el secuestro y crimen de Santiago Aguilera, sucedido en Traslasierra en 2022. El adolescente, de sólo 18 años, fue torturado y asesinado por una banda.
En esta instancia se juzgará a dos de los seis detenidos, Walter Gil (25) y Julio Cesar Ramírez (32), quienes habrían participado en la captación y secuestro del joven. Pero hasta ahora se ignora dónde estuvo secuestrado y quienes lo maltrataron y le dieron muerte cuatro días después, en uno de los episodios policiales más cruentos que recuerde la región.
Los acusados están imputados por secuestro extorsivo seguido de muerte, delito que prevé prisión perpetua para quien sea encontrado responsable.
Al juicio se llega después de innumerables vaivenes formales y tensiones entre el fiscal de la causa, Enrique Senestrari, y la familia del joven que intentó que el proceso se tramitara en la Justicia provincial por desconfiar, precisamente, del instructor federal. Luego, en febrero pasado, los Aguilera denunciaron penalmente al fiscal y afirmaron que había actuado con “desidia” y “desdén” en la investigación.
Las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral Federal 3 de Córdoba que estará integrado por los jueces Facundo Zapiola ( presidente), Cristina Giordano y José Quiroga Uriburu. El fiscal de Cámara será Carlos Gonella. Se estima que el juicio podría prolongarse hasta mediados de mayo.
Una importante cantidad de vecinos de Traslasierra viajará a Córdoba capital para estar presentes en las primeras audiencias.
Mientras tanto, hay otros cuatro acusados presos que no serán juzgados por ahora.
Dolor de la familia
Carlos Aguilera, un conocido comerciante de Traslasierra y padre de Santiago, comentó a La Voz: “Como familia, nos causa mucho dolor estar frente a las personas que secuestraron a nuestro hijo, pero sentimos una gran esperanza y responsabilidad para que sean condenados con la mayor pena, el tribunal va a conocer la cantidad de pruebas existentes”.
“Queremos que identifiquen a los cómplices de este macabro plan, además creo que se va a conocer el mal actuar del Ministerio Público Fiscal a cargo de Senestrari. Santi estuvo varios días cautivo y con vida, y estuvieron lejos de encontrarlo” agregó Aguilera, mientras preparaba la partida hacia la Capital provincial junto a familiares y allegados de la zona.
Misterio en Traslasierra
Santiago desapareció el 17 de agosto de 2022 y sus padres recibieron mensajes extorsivos. Comenzó una búsqueda intensa por parte de la Policía provincial y la Justicia federal que se caracterizó por un despliegue de recursos inéditos en Traslasierra. Pero sin resultados.
El cuerpo del adolescente fue encontrado en un campo, por un lugareño, cuatro días después. Había sido asesinado a golpes y presentaba signos estremecedores de maltrato.
El jueves anterior se había detenido a Walter Gil (23), compañero de trabajo de la víctima en el corralón de Aguilera, padre del muchacho. Es decir que este imputado no pudo participar del cautiverio y muerte de la víctima, producida el sábado siguiente.
Se supone que Gil habría “entregado” a Santiago.
En abril de 2023 fue detenido Julio Ramírez (31).
El celular de Santiago habría sido manipulado por él antes del deceso del adolescente. Este segundo imputado fue liberado y, tres meses después, nuevamente detenido. Su familia denunció anomalías en la primera detención.
Una seria afección en su salud apartó a Senestrari de su trabajo entre agosto de 2023 y febrero de 2024, período en que Maximiliano Hairabedian fue el fiscal subrogante. Pero fuentes judiciales afirmaron que no hubo una continuidad ideal en el accionar de uno y otro funcionario. Al menos en esta causa.
Desaparición en Traslasierra
Santiago salió de su casa a las 23 del martes 16 de agosto de 2022. Nunca volvió. Había cenado con sus padres y su hermana en su casa del paraje Chuchiras, entre Las Tapias y San Javier. Dijo que se iba a tomar algo con un vecino amigo.
Cuando en la mañana del miércoles 17 los padres vieron que no había regresado, recibieron un mensaje desde el celular del chico en el que se pedían 10 millones de pesos por su vida.
Los mensajes no siguieron después, como era de esperarse. Comenzó un misterio que hoy persiste.
El jueves 18 fue detenido Gil. Los análisis de las comunicaciones de celulares impactaron cerca de su casa, y su auto, un viejo Peugeot 405, fue visto por la zona. Recién en diciembre fue procesado por eso, y porque el análisis de los textos de su celular mantenían coincidencias de lenguaje con los mensajes extorsivos.
Durante días policías provinciales y pesquisas federales, bomberos, baqueanos y miembros de fuerzas de seguridad rastrillaron los campos en un radio de 500 metros en torno a la casa de la familia Aguilera. Pero el cuerpo sin vida de Santiago fue encontrado a unos seis kilómetros, el domingo 21 de agosto hacia las 10.
La muerte databa del sábado y las huellas de violencia eran brutales.
“Son culpables”
Alejandro Dragotto, uno de los querellantes, apuntó: “Encaramos esta instancia confiados en la robustez de la prueba que incrimina a los dos imputados, en el caso de Gil, la prueba es muy clara y categórica desde el primer momento, certeramente individualizado con elementos de convicción que permitirán una condena, por eso es inexplicable que el fiscal no haya podido desbaratar el hecho habiéndolo tenido individualizado al captor desde el primer momento”.
El letrado afirmó que presenta testigos de la familia y del corralón de Aguilera, donde trabajaba la víctima.
“Gil averiguaba entre los empleados sobre la capacidad económica del propietario, los movimientos de dinero, las medidas de seguridad; dando claros indicios de que atentaría contra la propiedad”, afirmó Dragotto. Y agregó: “Las pruebas técnicas vinculan el teléfono de Gil con los lugares por los que estuvo Santiago, el llamado extorsivo develando conocimiento de situaciones que sólo él podía conocer, llamadas borradas y más; Gil fue el autor e ideólogo del secuestro, y la única forma de garantizarse impunidad era matando al chico, aunque no haya sido él el autor de esa muerte”.
El abogado afirmó que en otra instancia debería juzgarse a Senestrari. “Le cupo una responsabilidad funcional en un resultado mortal que debió evitarse, la ley debe castigar a todos, por acción o por omisión” enfatizó.
Respecto de Ramírez, sostuvo: “Él manipulaba el teléfono de Santiago la mañana en que mataron a Santiago, de ese celular habían enviado los mensajes extorsivos, y hay otros indicios que lo cercan”.
“Son inocentes”
Mercedes Crespi, defensora oficial de Gil, afirma que el detenido es inocente. “Intentaremos probar que mi defendido es inocente. El supuesto cuadro probatorio es muy pobre. Se han sacado conclusiones impertinentes; por ejemplo, si es por el impacto de las llamadas telefónicas, debería haberse culpado a todo su barrio, la investigación está llena de incorrecciones y procedimientos mal realizados”.
Con la letrada coincidió Jorge Perano, defensor oficial federal de Ramírez, quien dijo a La Voz: “Ramírez es absolutamente inocente, no ha participado mínimamente en este hecho tan aberrante, simplemente por eso la investigación no ha logrado demostrar nada en contra de él, y lo vamos a probar en el juicio”.