La gestión de Jorge Macri, a través de la Procuración General, presentó la apelación y pidió que se revoque el fallo del juez Roberto Gallardo sobre el control del operativo de seguridad por la manifestación de mañana en el Congreso.En este sentido, desde la administración porteña solicitaron que se eleve en forma urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para su inmediato tratamiento, a tan solo 36hs de la marcha y movilización anunciada para este miércoles.
“Una manifestación es un fenómeno dinámico, imaginar que detrás de un escritorio alguien va a poder escribir que la Policía da cinco pasos y otro tiene que agarrar la situación cuando hay que hacer cumplir la ley me parece forzado. Hay que ver cómo se va desarrollando la dinámica de la manifestación«, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en referencia a la apelación de la Ciudad.
La Ciudad apeló el fallo que desplazó a las fuerzas de Patricio Bullrich del operativo de seguridad de la marcha
En la previa a una nueva marcha – en la que dirán presentes jubilados y distintos gremios en la previa del paro general del próximo jueves 10 de abril – el recurso presentado por la Ciudad considera improcedente la medida precautoria dictada por “la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes”. Según los fundamentos que expuso la Procuraduría en su apelación, la resolución del juez Gallardo «es nula».
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El próximo miércoles, numerosos gremios se movilizarán en la previa de un nuevo paro general.
Télam
Según reclaman desde el gobierno de Jorge Macri, la medida fue resuelta sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó el derecho de defensa. Además, La Ciudad en ningún momento renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad.
Por otro lado, desde la gestión de Jorge Macri también acusaron que el Juez Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque «invade a la administración» en cuanto a la “discrecionalidad técnica” para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad.
También, la apelación sostiene que el “pronunciamiento recurrido es el producto individual de la voluntad del juez, basada en su simple convicción personal” porque no funda su decisión en premisas válidas y presupone anticipadamente una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad. Además se acusa de afectar al normal desarrollo de las fuerzas de seguridad desplegadas en un ámbito de coordinación con las fuerzas federales, y se compromete gravemente el interés público, que es el operativo de seguridad.
Cabe destacar que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y sus operativos están bajo el foco por múltiples desmanes de las fuerzas de seguridad. En las últimas semanas, numerosos efectivos fueron filmados agrediendo a personas mayores durante las movilizaciones. Además, el fotorreportero Pablo Grillo aún continúa en recuperación tras numerosos días internado en estado grave luego de ser impactado en la cabeza por una capsula lacrimógena que fue indebidamente lanzada.
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La reconstrucción de la represión que dejó herido de gravedad a Pablo Grillo.
@mapadelapolicia
El recurso de la Ciudad fue firmado por el Dr. Agustín Luzzi, Director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Qué dice el amparo presentado por UTEP y la CGT
El amparo que dio lugar al fallo del juez Gallardo fue presentado por Walter Alejandro Gramajo, secretario General y representante legal de la UTEP, junto con Julio Piumato y Maia Volcovinsky, cosecretarios de DDHH de la CGT y secretarios de UEJN. En el escrito citaron el artículo 129 de la Constitución Nacional, donde se reconoce la autonomía de CABA. Además, recordaron que en los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior (24.059) se establece cuándo pueden intervenir las fuerzas federales fuera de su ámbito.
Por otro lado los gremios argumentaron que el GCBA cuenta con una fuerza de seguridad propia – la Policía de la Ciudad -, que está capacitada para actuar en situaciones de movilización y protestas como la que acontecerán el próximo miércoles.
A su vez, señalaron que la administración porteña no adhirió al Protocolo Nacional de Seguridad (Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de vías de Circulación) impulsado por Bullrich a fines del 2023 mediante la resolución 943/2023, el cual señala que “las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendrán frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal. También podrán intervenir en territorios provinciales o de la CIUDAD AUTÓNOMA BUENOS AIRES en los casos y bajo las condiciones establecidas por los artículos 23 y 24 de la ley de Seguridad Interior Nº 24.059”.
Qué dice el fallo de Gallardo sobre la movilización del próximo miércoles
En el texto firmado por el juez, se afirma que «no se trata, entonces, de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública. El riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”.
Gallardo explicó que en «varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”. Así, también recuerda que en las últimas protestas de jubilados, efectivos de las fuerzas federales dejaron decenas de heridos, entre a Grillo.
Además considera «igualmente preocupante» la «actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional» debido a su avanzada sobre la autonomía de la CABA «so pretexto de aplicar protocolos que ‘proponen’ asegurar la convivencia de la ciudadanía porteña en el contexto de una manifestación”.
En virtud de ello, el juez Gallardo ordenó al Gobierno porteño que «en razón de su autonomía constitucionalmente reconocida (…) reasuma sus obligaciones constitucionales, legales y reglamentarias en materia de seguridad pública». De manera que, de cara a la manifestación masiva convocada para el miércoles próximo en las inmediaciones del Congreso, sea el GCBA quien «despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan».