El fiscal federal Franco Picardi le solicitó al Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, “registros, documentaciones e información” de que barrabravas hayan participado de los incidentes del miércoles pasado en el Congreso con apoyo de los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente, según informaron fuentes judiciales a LA NACION.
El Ministerio de Seguridad presentó este viernes una denuncia por los delitos de sedición, atentado al orden público y asociación ilícita agravada a los “grupos organizados de barras bravas” de más de una veintena de clubes de fútbol. La denuncia también apunta contra dos intendentes del PJ, Fernando Espinoza, de la Matanza, y Federico Otermín, de Lomas de Zamora, y contra Leandro Capriotti, un dirigente del gremio de los gastronómicos que lidera Luis Barrionuevo y que es hijo de Armando Capriotti, exdirigente de Chacarita Juniors.
De los 114 detenidos que hubo el miércoles por la protesta en el Congreso en apoyo a los jubilados solo cinco serían barrabravas, según precisó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que participó en un rol más secundario del fuerte operativo dispuesto la ministra Bullrich. Según informó la gestión porteña, los detenidos en la marcha en reclamo de mejoras para los jubilados que fueron identificados como “barras” son: Claudio Alejandro Curci (Deportivo Español), Roberto Martín Cajal (Deportivo Español), Víctor Hubo Bellón (expresidente de Nueva Chicago y dirigente gremial de ATE), Carlos Julián Román (Nueva Chicago) y Gastón Eduardo Ruiz (Nueva Chicago).
Picardi solicitó los registros completos de las llamadas recibidas a la Línea 134, perteneciente al Ministerio de Seguridad Nacional, en las cuales se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a integrantes de “barras bravas de diversos clubes”, según consta en el acta que publicó el Ministerio Público Fiscal. Además, requirió informaciones y/o documentaciones correspondientes, referidas a los “supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas mayores de edad jubiladas”.
También pidió información sobre las acusaciones contra los intendentes Espinoza y Otermín, y el gremialista Capriotti. Picardi solicitó “los registros y/o informaciones que posea en torno a las afirmaciones realizadas respecto de que el “principal organizador de la violenta movilización del día miércoles pasado habría sido Leandro Capriotti”. Y solicitó pruebas sobre las que se basó la denuncia de Bullrich para afirmar que Espinoza y Otermín fueron financistas de los manifestantes que ocasionaron los incidentes el miércoles, en el Congreso. “Me refiero, en concreto, a que se aporten los diversos materiales que se afirman como disponibles en la denuncia presentada, que darían cuenta de tales hechos, a los fines de evaluar la plataforma fáctica denunciada conforme las cualidades del caso”, escribió el fiscal.
La solicitud de Picardi es el primer paso que da la causa, que se abrió después de los incidentes del miércoles pasado, cuando hubo un reclamo por mejoras en los haberes jubilatorios. Bullrich quedó en la mira por el accionar policial, sobre todo, al revelarse imágenes y videos del momento en el que fue herido en la cabeza el fotoperiodista Pablo Grillo, que está internado con estado reservado en el Hospital Ramos Mejía. Bullrich, sin embargo, dijo que “no hubo excesos” de las fuerzas de seguridad y defendió el operativo. La ministra, además, recibió un fuerte respaldo del presidente Javier Milei, que también apoyó a los efectivos que participaron del operativo.
Los intendentes Espinoza y Otermín rechazaron la acusación de Bullrich y dijeron que la denuncia “es falsa”. También le exigieron que presente pruebas. Hizo lo mismo Capriotti, que se presentó en la Justicia y negó haber estado el miércoles en la marcha en el Congreso.
Conforme a los criterios de