«Espectáculo indigno». Eso es, en opinión del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la declaración institucional que este miércoles realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En ella, viene a decir que su gobierno realizó una buena gestión, que fue el Ejecutivo central de Pedro Sánchez el «irresponsable», y que la cifra de muertos con Covid en las residencias de mayores fue de 4.143 y no 7.291 como se estaba diciendo hasta ahora.
El número 7.291 fue la cifra dada propia Comunidad de Madrid tras una petición basada en la Ley de Transparencia por el diario InfoLibre. Ahora, Ayuso la tilda de «invento», y rebaja a 4.143 los fallecidos, con y sin covid, que murieron en las residencias madrileñas en marzo y abril de 2020 por no ser trasladados a hospitales. Alude a los datos de Sanidad Mortuoria.
La defensa ha llegado hasta el punto de que el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha pedido a RTVE que esta declaración se emita este jueves en la televisión pública junto con el estreno en La 2 y el Canal 24 Horas del documental 7291. Dirigido por Juan Castro, esta película pone el foco en los testimonios de las familias de las víctimas y analiza las muertes de las miles de personas mayores en las residencias durante la pandemia. Pero para el gobierno de Ayuso, la pieza audiovisual ofrece «un marcado sesgo ideológico» e información «que no se corresponde con la realidad».
«Me parece indigno que en estas fechas, con el triste quinto aniversario de inicio de pandemia, la señora Ayuso y el gobierno de la Comunidad de Madrid estén más preocupados por tapar lo que ocurrió en las residencias que por mejorar la gestión de estas residencias. Creo que las familias de las 7291 víctimas desde luego merecen respeto, memoria, la verdad y reparación», ha añadido Bustinduy ante los medios.
Cambio de cuidados
Lo ha hecho justo antes de dar comiendo al Consejo Territorial Ordinario de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Ante los medios de comunicación, el ministro ha defendido la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, y ha subrado el trabajo que se está haciendo junto a los gobiernos autonómicos para disponer de un sistema público de cuidados «que esté a la altura de los desafíos que va a vivir nuestro país por los grandes cambios demográficos que habrá en las próximas décadas».
El ministro ha vuelto a destacar que este proceso de transformación viene acompañado por «la voluntad política» del Gobierno con la financiación de la dependencia. También ha señalado que España ha sido el único país de la Unión Europea que ha destinado parte de los fondos de la de recuperación europeos a los cuidados.
En total, ha dicho, se han transferido 1.500 millones de euros a todas las comunidades para «transformar 60.000 plazas de las residencias al nuevo modelo de cuidados«, con obras que «se acometerán hasta 2026». Otros 367 millones de euros se destinarán a «universalizar la teleasistencia», un servicio social cuya cobertura aún es bastante escasa en el país.
Pese a criticar el aumento del «gasto militar» en Europa -afirma que esto no es lo que va a dar seguridad a Los Veintisiete-, ha afirmado que en ningún caso ni circunstancia se va a frenar la política social del Gobierno.