La jueza que ha investigado la organización de la consulta soberanista del 1-O, Alejandra Gil Llima, será definitivamente la que tramite el caso Negreira por el pago por parte de FC Barcelona de unos 7,5 millones de euros durante 18 años al exnúmero dos de los árbitros españoles, José María Enríquez Negreira, y a su hijo Javier Enríquez Romero. Su nombramiento en sustitución del juez Joaquín Aguirre, que se jubiló el pasado enero, fue publicado este jueves en el BOE, según ha podido comprobar este diario. Por lo tanto, esta magistrada no solo se hará cargo del caso Negreira, sino de todos los que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, de la que será titular.
Alejandra Gil ocupó durante unos años el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que quedó vacante a raíz del fallecimiento en noviembre de 2018 del juez Joan Antonio Ramírez Sunyer, que fue el que inició la investigación por la organización del 1-O. En abril de 2019, Gil fue quien procesó a altos cargos de la Generalitat, periodistas y empresarios por los preparativos del referéndum unilateral. En estos momentos, se está a la espera de sí la justicia les aplica o no la amnistía para evitar la celebración del juicio.
Las declaraciones
En su nuevo destino, la magistrada deberá impulsar el proceso por el caso Negreira, en los que aparecen como imputados los expresidentes del FC Barcelona, Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, los exejecutivos del club Òscar Grau y Albert Soler y el exvicepresidente vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) , José María Enríquez Negreira, y su hijo, Javier Enríquez. La jueza que ahora se hace cargo del caso deberá decidir si cita a declarar a los expresidentes del Barça y a los otros exejecutivos del club. En marzo del 2024, el exdirigente de los árbitros, Negreira padre, se acogió a su derecho a no declarar, mientras que su hijo está pendiente de sí le citan en el juzgado. Fuentes jurídicas han asegurado a este diario que las pesquisas están muy avanzadas.
El proceso judicial empezó en marzo de 2023 a raíz de una denuncia de la fiscalía por un delito continuado de corrupción de particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental. Los pagos a Enríquez Negreira fue descubierto por la Agencia Tributaria al realizar en 2019 una inspección del Barça y desde el club respondieron a los funcionarios que no habían encontrado los vídeos, documentos o informes que corroboraran el trabajo del exdirigente arbitral.