Desde que asumió la presidencia en 2017, Donald Trump ha dejado una marca indeleble en la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. La serie de medidas anunciadas antes de retornar el poder y adoptadas por su administración desde el primer día de su segunda jefatura política del Estado, entre las que se incluyen nuevas amenazas arancelarias y el endurecimiento de las políticas migratorias, refuerzan una postura nacionalista y beligerante que no sólo pone en jaque a los países vecinos, sino que también genera incertidumbre sobre el futuro de la región.
Trump reiteró este martes, no bien recibió las llaves de la Casa Blanca, donde fijará domicilio laboral hasta enero de 2029, que el 1º de febrero próximo impondrá nuevos aranceles de hasta un 25% a las importaciones provenientes de México, su principal socio comercial.
Esta medida, que podría sumarse a las tensiones previas derivadas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), amenaza con desestabilizar aún más las relaciones comerciales en América del Norte, justo cuando los tres países intentan superar los retos de una recuperación económica pospandemia de Covid-19.
Migrantes en vilo
Mientras tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, la situación migratoria se complica con cada decisión ejecutiva del presidente. Por caso, CBP One, una aplicación que facilitaba el ingreso legal de migrantes a través de citas programadas, fue suspendida este martes, sin previo aviso. Este sistema había sido fundamental para miles de venezolanos, haitianos, cubanos, mejicanos y peregrinos desesperados provenientes de otros países de Latinoamérica y del Caribe que confiaban en la posibilidad de regularizar su situación en la principal potencia económica y militar de Occidente. Ahora, esos migrantes, que llegaron con la esperanza de una nueva vida, se encuentran en su gran mayoría hacinados en la frontera, entre la desilusión y el miedo.
La desaparición de CBP One no es un hecho aislado; se inserta en una política migratoria que busca, por un lado, frenar el flujo de personas hacia Estados Unidos y, por el otro, fortalecer las medidas de control sobre la región.
CBP One es efectivamente un sistema de lotería que daba citas a 1.450 personas al día en uno de los ocho cruces fronterizos. Las personas ingresan a los Estados Unidos con “libertad condicional” de inmigración, una autoridad presidencial que el expresidente Joe Biden usó más que cualquier otro inquilino de la Casa Blanca desde que se introdujo en 1952.
Su desaparición sigue a las promesas de campaña de Trump, y complacerá a sus críticos, que lo ven como un imán demasiado generoso que atrae a la gente a la frontera de México con Estados Unidos.
La decisión del magnate neoyorquino es un claro mensaje a quienes buscan un futuro mejor en el norte: las puertas se cierran cada vez más.
¿Preparando el terreno?
El endurecimiento señalado se acompaña de medidas como la designación de los carteles de la droga como “organizaciones terroristas”, un paso que podría abrir la puerta a una eventual mayor intervención militar en los países latinoamericanos, especialmente en México, donde el narcotráfico y la violencia alcanzaron niveles alarmantes.
Es en este contexto en el que el mandatario estadounidense también alimenta la tensión con el Gobierno y el pueblo panameños al revivir su vieja obsesión por el Canal de Panamá. En un nuevo intento de resucitar la retórica imperialista, el presidente estadounidense planteó sin rodeos y de manera contundente su deseo de que la vía de navegación interoceánica que comunica el mar Caribe con el Pacífico, y que es considerada una de las grandes obras de la ingeniería mundial del siglo 20, debería volver a estar bajo control estadounidense.
Si bien su declaración ha sido rechazada de manera rotunda por José Raúl Mulino, el presidente de Panamá (país centroamericano que no tiene ejército; sí, fuerzas de seguridad especializadas), la sugerencia no hace más que reavivar los fantasmas del intervencionismo y la soberanía perdida, un tema que sigue siendo sensible en Latinoamérica, donde la memoria histórica de la invasión de 1989 persiste.
Aquella incursión militar en la que intervinieron 27 mil soldados estadounidenses, denominada “operación Causa Justa”, tuvo como propósito deponer al general Manuel Noriega, quien gobernó de facto esa república centroamericana, de unos 4,5 millones de habitantes y 75.517 kilómetros cuadrados de superficie (menos de la mitad del territorio de la provincia de Córdoba).