La organización de consumidores Facua ha reclamado este martes a la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía que «detalle las inspecciones realizadas a la taberna de Córdoba donde el pasado 4 de enero resultaron intoxicadas más de 40 personas al consumir un montadito de pringá, una de ellas fallecida aunque no se ha confirmado que haya sido por esta causa».
El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha explicado en conferencia de prensa que, «tras confirmar este lunes Salud la presencia de la bacteria Clostridium prefingens en las muestras de montadito de pringá, obtenidas de la taberna La Sacristía de Córdoba en una concentración muy alta es necesario conocer el protocolo de inspecciones sobre el establecimiento».
Además, ha expuesto que Facua ha tenido conocimiento «de otros 25 casos de intoxicados» que «igualmente no habrían acudido a centros sanitarios» y que todos los afectados «podrían reclamar una indemnización económica» con «algún tipo de parte médico que acredite que efectivamente sufrieron la intoxicación. Diario CÓRDOBA ha preguntado a la Delegación de Salud si le consta la existencia de estos otros 25 intoxicados, al margen de los 44 de los que sí informó la Junta, y ha respondido que no poseen de momento datos nuevos sobre personas afectadas.
Fachada trasera del Ayuntamiento de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ
Pregunta al Ayuntamiento de Córdoba
Sánchez ha expuesto que el «propietario de la empresa mintió al asegurar que la intoxicación había sido ajena a su establecimiento, concretamente en un local de una hermandad ubicado junto a la taberna y que allí se habrían consumido otros alimentos cocinados de los que él no tenía ningún conocimiento y no había preparado».
En este sentido, el responsable de Facua ha instado al Ayuntamiento de Córdoba a que «aclare si ese local está habilitado para desarrollar ese tipo de eventos y si la hermandad en cuestión tienen también los papeles en regla para poder desarrollar actividades propias de la hostelería».
Denuncia a dos hospitales privados
Paralelamente, Facua, como ya informó el lunes, ha denunciado a los «dos hospitales privados que atendieron a las tres personas que acudieron a un centro sanitario relatando su malestar por el consumo del alimento al considerar que no se han cumplido los protocolos obligatorios de información inmediata a la autoridad sanitaria de casos de intoxicaciones asociados a alimentos industriales o a consumidos en un establecimiento de hostelería».
Sánchez ha argumentado que este «incumplimiento» supuso un «retraso en la actuación inspectora de la Junta de Andalucía» y que podría haber derivado en que la muestra que se tomara en el local «no fuera la misma que la que se había suministrado el día 4 de enero».
Asimismo, ha considerado una «irregularidad grave» que el «correo electrónico oficial» de la Junta de Andalucía para cuestiones de salud pública recibiera una comunicación de un afectado el 10 de enero por la tarde pero no se abriera «hasta tres días después».
Además, ha asegurado que el 13 enero acude un inspector y «no se toma ninguna muestra», algo que ocurre el día siguiente sin que se tome ninguna decisión sobre el «cierre de actividad», lo que a juicio de Sánchez supone una «irregularidad en materia inspectora».
Por ello, Sánchez ha pedido que se haga «una revisión de las llamadas recibidas por el 061 en Córdoba a lo largo de los días transcurridos desde el 4 de enero hasta que se ponen en marcha los protocolos inspectores» y que se aclare las «inspecciones que se realizaron sobre la taberna con anterioridad a los hechos».